Reforma fiscal: así afecta a empresas,

NOVEDADES TRIBUTARIAS/ El Ejecutivo de coalición ha avanzado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 elevar el gravamen sobre las rentas de capital o crear un nuevo impuesto, mediante una ley aparte, sobre las grandes fortunas.

Expansión.

El Gobierno de coalición acabó por mostrar sus cartas fiscales el jueves cuando, tras días de intenso debate interno en los que se han barajado todo tipo de iniciativas, la ministra de Hacienda y Función Pública detalló el contenido del paquete de medidas tributarias que se incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2023. El plan presentado finalmente conforma toda una reforma fiscal a partir de una amalgama de medidas de diferente signo destinadas a contentar a distintas sensibilidades. Así, de una parte, el capítulo fiscal del proyecto presupuestario busca elevar la recaudación, como viene defendiendo el ala socialista del Ejecutivo, y lo hace poniendo el foco sobre las grandes fortunas, las rentas más altas y la gran empresa, que eran líneas rojas planteadas por Unidas Podemos para apoyar las cuentas. De otro lado, sin embargo, el lote incorpora medidas de rebaja impositiva que van más allá de las promesas iniciales de la coalición, como la reducción del gravamen a las pymes o la rebaja del IVA para productos de higiene femenina, para actuar sobre el IRPF. Una medida de alivio, con potencial para reducir la presión fiscal de la mitad de los asalariados del país, claramente dirigida a tratar de atajar la carrera de recortes impositivos iniciada por las comunidades autónomas en los meses previos a los comicios regionales y locales de mayo.

Semejante reforma fiscal arrojará, en todo caso, un saldo favorable a la Agencia Tributaria. Pese a la relevancia de los recortes tributarios anticipados, el Ministerio de Hacienda estima que el ahorro total para los contribuyentes en el periodo 2023 y 2024 ascenderá a 2.505 millones de euros. Por su parte, las iniciativas destinadas a incrementar el volumen de ingresos conllevan un impacto económico que supone más que duplicar la cifra de las rebajas previstas. En concreto, las alzas de gravamen anunciadas prevén arrojar una recaudación de 2.505 millones de euros.

De esta forma, el resultado neto del plan tributario del

Gobierno conlleva un incremento de la recaudación de 3.144 millones.

El paquete fue alumbrado en la madrugada del miércoles al jueves en torno a una mesa de negociación a la que se sentaban la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de economía de Unidas Podemos, Nacho Álvarez; y Josep Vendrell, director de gabinete de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. El grupo aún negocia otros aspectos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, fundamentalmente asociados a partidas de gasto social, con el objetivo de tratar de aprobarlo en el Consejo de Ministros del martes.

A falta de ver qué novedades se incorporan hasta entonces, y de que la letra pequeña de las medidas tributarias sea entregada al Parlamento, estas son algunas de las principales claves de la aplicación práctica de la reforma fiscal anunciada por el Gobierno:

La medida más novedosa impulsada por el Gobierno de coalición es la creación de un nuevo tributo sobre la riqueza, bautizado como “impuesto de solidaridad de las grandes fortunas”. Se trata de una figura tributaria que convivirá con el Impuesto de Patrimonio pero que está llamada a impulsar una suerte de armonización fiscal autonómica pues permitirá deducir íntegramente su pago, limitando el grueso del impacto a aquellas comunidades que vienen dejando sin efecto la tributación de la riqueza. Aunque nace como un tributo temporal para los ejercicios 2023 y 2024, la norma incluirá una cláusula de revisión que abrirá la puerta a prorrogarlo a partir de ahí.

En este caso, el Ejecutivo ha optado por considerar grandes fortunas aquellas que excedan de los tres millones de euros. La cifra contrasta con los umbrales que rigen Patrimonio, impuesto que por norma general es aplicable a aquellas fortunas superiores a 700.000, descontando hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. Es decir, por tanto, que se parte normalmente de fortunas superiores a un millón de euros. A su vez, propuestas anteriores de Unidas Podemos habían jugado con la idea de gravar más a aquellas fortunas de más de 10 millones.

La base imponible del nuevo tributo será idéntica a la del Impuesto de Patrimonio, que grava las posesiones del contribuyente, incluyendo bienes inmuebles, acciones o participaciones empresariales, seguros de vida, bienes y derechos de actividades económicas, rentas permanentes o temporales, joyas, pieles de lujo, coches, embarcaciones, aeronaves, motos de más de 125 cc, antigüedades y obras de arte, derechos de uso o derivados de la propiedad, entre otros elementos.

La nueva figura aplicará diferentes tipos sobre tres tramos de patrimonio: las fortunas de entre 3 y 5 millones tributarán al 1,7%; las de entre 5 y 10 millones, pagarán un 2,1%; y aquellas que superen los 10 millones, pagarán un 3,5%.

No. Las cuantías situadas por debajo del tramo inicial operan como una suerte de mínimo exento, lo que supone que aquel contribuyente con un patrimonio de 3.000.001 euros, solo pagará un 1,7% sobre el euro que supera los tres millones, es decir, 1,7 céntimos. En el caso de una fortuna al límite del segundo tramo, esto es que posea 4.999.999 euros, el gravamen se aplicará a los casi dos millones de euros que exceden los tres primeros. Como resultado, la cuota a pagar será de 33.999 euros.

A partir de ahí, por ejemplo, un patrimonio de 11 millones de euros no pagará nada por los tres primeros millones, abonará un 1,7% por los dos siguientes (34.000 euros), un 2,1% por los cinco siguientes (105.000 euros), y un 3,5% por el millón final (35.000 euros). Como resultado, su factura final con el nuevo impuesto ascendería a 174.000 euros.

El pago del Impuesto de Patrimonio será totalmente deducible en el nuevo tributo lo que significa que quienes residen en aquellas comunidades que no hayan modificado a la baja el impuesto tradicional sobre la riqueza no tendrán que hacer ningún abono adicional en la mayoría de casos, según Hacienda.

Hacienda estima que el nuevo tributo lo abonarán los 23.000 contribuyentes más acaudalados del país, el 0,1% del total. La cifra es muy inferior a la de los 219.000 declarantes de Patrimonio porque el corte es desde tres millones en lugar de uno.

El Ejecutivo estima que el nuevo impuesto tiene potencial para recaudar 1.503 millones al año durante sus dos ejercicios en vigor. La cifra, sin embargo, tiene trampa. Esos serían los ingresos que Hacienda obtendría con la nueva figura si el Impuesto de Patrimonio no existiese en todo el país. Sin embargo, las grandes fortunas del grueso de comunidades se ahorrarán pagarlo al deducirse la contribución que ya realizan recurrentemente, y que en conjunto asciende a unos 1.200 millones anuales. Como resultado, los ingresos se concentrarán en las aportaciones realizadas desde Madrid (donde los con