La nueva Ley de Ciencia lastra la inversión privada

El Gobierno ha aprobado recientemente la reforma de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una década después de su entrada en vigor. La nueva normativa genera incógnitas para los inversores privados que buscan proyectos para el sector salud en lo referente al régimen de transmisión de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora de Organismos Públicos de Investigación, universidades públicas y entidades dependientes de la Administración General del Estado.

En primer lugar, la ley exige que la transmisión de los derechos sobre estos resultados se realice por una contraprestación a valor de mercado. Pero, en el ámbito de la salud, donde el índice de fracaso supera el 70%, es extremadamente difícil establecer un valor de mercado que, además, la ley no especifica ni aclara.

No obstante, el texto sí introduce la obligación de que los organismos públicos se reserven en la transmisión el “derecho de mejor fortuna”; es decir, de las plusvalías que genere el inversor privado cuando transmita los derechos adquiridos, cuando en un momento posterior se revaloricen o cuando el valor de transferencia no haya tenido en cuenta circunstancias que debieran haberse incluido en el valor de mercado otorgado a la transmisión.

En este punto, la ley incluye, además, el concepto novedoso de “tasación”, por lo que entendemos que el legislador apunta que un experto independiente justifique el valor de mercado otorgado a la transmisión de derechos. En la práctica, se trata de otra barrera a la inversión privada, dado que no hay tantos expertos especializados en proyectos en el sector salud que puedan acometer esta tarea y supone un incremento de costes considerable. Por otro lado, añade una demora adicional en el proceso de negociación e inversión, que ya de por sí resulta complicado por la incertidumbre del resultado de la actividad investigadora.

Adicionalmente, y al margen de otros derechos que se acopian en favor del sector público, se incluye la reserva en favor de la entidad pública titular de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso, limitada a actividades docentes, sanitarias y de investigación, siempre que la actividad carezca de ánimo de lucro. Lo mismo ocurre con el derecho a la reversión para los casos de falta de explotación por el inversor –cuestión que puede ser razonable para no impedir el desarrollo de la

Ciencia y facilitar la llegada de nuevos productos al mercado–.

Cajón de sastre

El problema surge con la licencia para ámbito sanitario. Por ejemplo, en el caso de una entidad privada que obtenga los derechos de una investigación para desarrollar un medicamento, ¿cómo podemos concebir un uso sanitario sin ánimo de lucro que no sea competitivo para la entidad privada de esos mismos derechos? Un uso sanitario no acotado a una casuística concreta es el típico cajón de sastre del interés público donde todos los ciudadanos nos sentimos solidarios, pero que dificulta gravemente la transmisión de conocimiento al sector privado comprometido en inversiones millonarias para mejorar la salud de los pacientes. Esta licencia no exclusiva con fin sanitario, aunque sea para actividades sin ánimo de lucro, sólo genera incertidumbre para el inversor privado ante la aparición de competidores inesperados en un mercado donde muchas veces el número de pacientes es muy reducido y cuesta justificar la inversión.

Afortunadamente, si las entidades privadas deben considerar todas las circunstancias a la hora de determinar o tasar el valor de mercado del conocimiento transferido por las entidades públicas, también deberán tener en cuenta este riesgo que afecta negativamente al valor. La ley no contempla mecanismos de compensación de las minusvalías generadas por estas actividades competitivas a través de licencias sanitarias obligatorias y, dado que estas relaciones se rigen por el derecho privado, nada nos debe impedir añadir a los acuerdos que firmemos mecanismos de ajuste del valor a la baja que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público.

Como cabía esperar por nuestro sistema competencial, si hablamos de que la transferencia de derechos se efectúa por agentes públicos de ejecución dependientes o adscritos a una comunidad autónoma o a una Administración local, todo lo dicho que es obligatorio para Organismos Públicos de Investigación, universidades públicas y entidades dependientes de la Administración General del Estado se convierte en voluntario. Prima así la negociación que hagan las partes, salvo que la comunidad autónoma tenga su propia regulación para esta materia. Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad para flexibilizar este nuevo régimen de transmisiones mediante el impulso de estos agentes públicos dependientes de las comunidades autónomas como agrupadores de conocimiento originado por otras entidades estatales.

La licencia no exclusiva con fin sanitario genera incertidumbre a los inversores privados