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Las constructoras renuncian a 900 millones de obra pública en 2022
CIFRA RÉCORD/ Las empresas rehuyen del mercado nacional ante el encarecimiento de materiales y energía que provoca alzas de costes del 33% que autonomías y ayuntamientos no actualizan.
Un 10% de la obra pública que se licita en España se queda sin adjudicar, una circunstancia insólita en el mercado doméstico, fruto de los desajustes entre la calidad de los proyectos que se licitan, al no actualizarse los presupuestos conforme al encarecimiento de materiales de construcción, y el pulmón financiero de las empresas, que ya no pueden aceptar trabajos con márgenes tan estrechos.
Según la última actualización realizada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal más representativa del sector, en el último año (desde octubre de 2021 a septiembre de 2022) han quedado desiertas 1.939 licitaciones que representan inversiones por valor de 882 millones de euros.
Se trata de un volumen nunca antes visto. En España se licita anualmente por valor de unos 8.000 millones entre las tres administraciones (Estado, autonomías y ayuntamientos), por lo que las obras abandonadas por las empresas representan el 10% del total. La mayoría son trabajos para las administraciones territoriales.
“El problema es que no se están revisando los precios de los contratos en relación a los sobrecostes, que suben un 33% de media”, asegura Pedro Fernández Alén, presidente de CNC.
En opinión de la patronal son cifras que revelan el fracaso de los tres Reales Decretosley de revisión de precios aprobados en Consejo de Ministros entre marzo y agosto de 2022, además de suponer una amenaza directa tanto para las inversiones contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation) como para la ejecución de los fondos europeos.
“Lo más preocupante es la evolución”, asegura Fernández Alén. “Hemos pasado de un poco más de 200 millones
de euros entre octubre de 2021 y enero de 2022 a casi 900 millones hasta septiembre de este año, lo que demuestra que no es un hecho aislado, en un momento en el que las administraciones necesitan ejecutar obra pública para justificar las ayudas multimillonarias de los fondos Next Generation”, indican en CNC.
El encarecimiento de productos básicos de la construcción, como cemento, acero, cobre y hierro, entre otros, está directamente relacionado con el alza de la energía cuyo precio se ha multiplicado por ocho en el último año.
Las empresas creen que esta tendencia no va a variar mientras persista la amenaza de la guerra en Ucrania, por lo que solicitan una intervención rápida para corregir los desajustes. “La cláusula de revisión de precios en los contratos funcionó desde los años sesenta hasta que se suspendió con la ley de desindexación de la economía (2015)”, señalan en CNC, que piden la vuelta de este sistema. Además, piden reequilibrar económicamente la cartera de contratos en ejecución. “Todos los concursos que salgan tienen que licitarse con precios actualizados”.
El incremento de coste es un denominador común en los grandes mercados de obras pública internacionales. Lo que distingue a España sobre el resto de sistema de contratación es que las constructoras nacionales siempre han competido con márgenes muy estrechos, incluso iniciando los proyectos en pérdidas debido a las fuertes bajas sobre los precios de licitación. Según el último informe de Seopan, las bajas medias en 2021 se situaron entre el 18% y el 20% sobre el valor de licita
ción. “En España nunca se ha dejado un concurso desierto. Ahora es habitual que no se presente nadie o que acuda una sola oferta”, indican desde el sector, que ven en las licitaciones internacionales una forma de paliar los efectos inflacionistas en España”.
Por regiones, la comunidad autónoma más afectada es Cataluña, donde el número de obras desiertas ha sido de 378, representando un volumen económico por encima de los 130 millones. Por número de licitaciones desiertas, le siguen Castilla-La Mancha (226 obras valoradas en 101 millones), País Vasco (168 licitaciones desiertas con un agujero de más de 62 millones) y Andalucía y Castilla y León, ambas con 147 contratos públicos sin cubrir (por 105 y 56 millones, respectivamente).
CNC señala que el importe medio por obra sin licitar en el último año supera los 455.000 euros, lo que refleja que las hay de todos los tamaños, afectando tanto a grandes como, especialmente, a las pequeñas y medianas constructoras. “Las grandes unidades inversoras del Estado como, por ejemplo, Adif, sí están siendo sensibles con esta situación”.
Se trata de un volumen histórico, que representa el 10% de toda la licitación nacional