Nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas: un acercamiento objetivo

Entre las medidas fiscales para la justicia social y la eficiencia económica que contempla el Ministerio de Hacienda y Función Pública para 2023, se prevé la inclusión de un nuevo impuesto al que se ha denominado “Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas”. La información que se ha difundido es muy escasa y nada detallada, por lo que nos falta conocer cómo quedarán los aspectos fundamentales del impuesto, tales como las exenciones en la base imponible, las deducciones y las bonificaciones.

Queremos también adelantar, para aquellos que nos preguntan, algunas ideas objetivas sobre este “posible tributo”, sin entrar en las discusiones sobre su inconstitucionalidad y en el debate de los numerosos recursos de que será objeto.

El Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, a priori, se concibe como un tributo de carácter temporal (inicialmente previsto exclusivamente para los períodos 2023 y 2024) cuya sujeción quedaría limitada a los patrimonios netos iguales o superiores a tres millones de euros.

Ello es así porque, de los tramos que aparentemente se barajan para la implementación de este tributo, quedarían incluidos en el concepto de “gran fortuna” aquellos que posean un patrimonio neto igual o superior a tres millones de euros, que pasarían a quedar gravados de forma progresiva por el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas conforme a los siguientes tramos.

Se estima que el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas podría afectar a unos 23.000 contribuyentes y que se recaudarían, en el período de 2023-2024, entorno a 1.500 millones de euros.

Además, para evitar una posible doble imposición, la cuota que se abonase por el Impuesto sobre el Patrimonio podría deducirse del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Lo cual, a su vez, se traduciría en que los sujetos pasivos contribuyentes del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas que sean residentes en comunidades autónomas cuya normativa contemple exenciones, deducciones y/o bonificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio que se materialicen en la no tributación efectiva por este último impuesto, sí quedarían sujetos al Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas y, en consecuencia, no podrían deducirse de este nuevo impuesto ninguna cuantía derivada del Impuesto sobre el Patrimonio.

A estos efectos, conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio, los bienes inmuebles, de naturaleza urbana o rústica, que formen parte del patrimonio del contribuyente se valorarán, con carácter general, conforme al mayor valor de entre los tres siguientes: a) valor catastral; b) valor de referencia; o c) precio, contraprestación o valor de adquisición.

Ahora bien, el valor de referencia, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, únicamente afectará a los inmuebles que hayan sido adquiridos a partir de 1 de enero de 2022 –y siempre y cuando dicho valor haya sido tomado como base imponible en el tributo que grave su adquisición (esto es, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)–, en ningún caso al patrimonio preexistente a dicha fecha. Por lo que en caso de existir algún inmueble que no formase parte del patrimonio del contribuyente con carácter previo a esa fecha, el valor de éste vendrá determinado por el mayor valor de entre: a) el valor catastral; b) el determinado o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos, como, por ejemplo, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones; o c) el precio, contraprestación o valor de adquisición.

Participaciones de la empresa familiar

Lo más importante, en mi opinión, es el cálculo de la base imponible de este “posible impuesto”. ¿Las exenciones en la base imponible típicas del esquema del viejo impuesto sobre el patrimonio serán de aplicación aquí? La más conocida es la exención de las participaciones de la empresa familiar. Yo creo que sí. Es decir, que todos los activos y deudas incluidos en una empresa familiar, con los clásicos requisitos exigidos por la ley, deberían quedar exentos a la hora de calcular la base imponible del nuevo impuesto. De lo contrario, los recursos de inconstitucionalidad por doble imposición y confiscatoriedad prosperarán con seguridad.

En el supuesto de un contribuyente residente fiscal en Madrid cuyo patrimonio neto total se encuentre valorado en 3,25 millones después de descontar el valor de las participaciones de la empresa familiar, éste ostentará la condición de “gran contribuyente” y, en consecuencia, quedará sujeto al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Dada la cuantía de su Patrimonio, se situaría en el primer tramo del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que comprende los patrimonios netos de entre 3 millones y 5 millones, y aplicaría un coeficiente del 1,7%, de lo que resultaría una cuota aproximada de: 3.250.000 euros x 1,7% = 55.250 euros.

En conclusión, el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas se plantea como un impuesto adicional al Impuesto sobre el Patrimonio que sujetaría a tributación el Patrimonio no gravado por las comunidades autónomas por aplicación de bonificaciones autonómicas. Por lo que, a priori, los principales damnificados con la creación de esta figura serían los contribuyentes de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, que en el año 2023 gozarán de una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Para evitar una posible doble imposición, se contempla la deducción de la cuota que se abonase por el Impuesto sobre el Patrimonio en el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Estamos convencidos que se aplicarán las exenciones clásicas en la base imponible, como la de las participaciones en la empresa familiar. Este nuevo impuesto reviste de un gran componente político, más que recaudatorio, y podría resultar inconstitucional.