El empleo se contagia de la desaceleración
La evolución del mercado laboral en España durante el verano es clara: el empleo también se ha contagiado de la desaceleración económica derivada de la crisis energética. El aumento de los costes de producción de las empresas por el sostenido encarecimiento del precio de las materias primas está reduciendo su capacidad de mantener el ritmo previo de generación de puestos de trabajo. Aunque agosto tradicionalmente ha sido un mal mes para el empleo debido a la extinción de los contratos de temporada –una estacionalidad con la que el Gobierno quería acabar mediante la reforma laboral–, la caída de la afiliación ha sido este año más intensa que la media de otros años y es el quinto peor dato de la serie estadística. Lo cual trasluce un deterioro preocupante de las expectativas empresariales para los próximos meses, en consonancia con lo que reflejan indicadores adelantados de actividad como la producción industrial, la evolución de los pedidos o el consumo de ciertos productos. Un escenario incierto ante el que los miembros del Ejecutivo deberían afanarse en generar confianza a las empresas e inversores, y no en añadir más inquietud.
La fuerte caída de la afiliación trasluce un fuerte deterioro de las expectativas empresariales
Malestar empresarial. Aunque sin citarla expresamente, la patronal CEOE dio ayer la réplica a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz instando a los sindicatos a manifestarse contra los empresarios para reclamar nuevas subidas salariales y acusando a los empresarios de bloquear la negociación de los convenios. El comunicado en el que piden a las “a las instituciones” que favorezcan el clima de diálogo entre los agentes sociales e instan a “no hacer declaraciones que favorezcan la crispación” denota el malestar empresarial por la hostilidad percibida en recientes declaraciones públicas de varios miembros del Gobierno, entre ellos el propio Pedro Sánchez. Un trato que consideran injusto después de haber alcanzado numerosos acuerdos con el Ejecutivo y los sindicatos desde que comenzó la pandemia. Pero las empresas defienden que no pueden aceptar la demanda sindical de recuperar las cláusulas en los convenios para vincular los salarios al IPC porque generaría nocivos efectos de segunda ronda en la inflación y supondría un incremento inasumible de sus costes laborales, que en los últimos meses ya se han disparado por el efecto de la reforma laboral sobre los contratos temporales, la actualización de los convenios a raíz de la escalada de precios y los sucesivos aumentos del salario mínimo.
La losa del salario mínimo. Pero el Gobierno está empeñado en hacer bandera de la mejora del suelo salarial para tratar de revertir las malas perspectivas de PSOE y Podemos en las encuestas de cara a las citas electorales de 2023. Yolanda Díaz ha encargado a un comité propio de expertos que elabore antes de noviembre una horquilla para negociar con la patronal y los sindicatos la subida del salario mínimo para el próximo año. Ante las advertencias de los economistas y las empresas sobre su efecto nocivo para la creación de empleo, como avaló el Banco de España, la vicepresidenta defiende que otros países europeos planean medidas similares. Pero nuestra economía arrastra la mayor tasa de paro de la UE, que casi duplica la media comunitaria, y alcanza cotas insoportables en colectivos que perciben el salario mínimo, como los jóvenes.
El Gobierno debería afanarse por generar confianza en vez de añadir más factores de inquietud
Elevada fiscalidad del empleo. Más adecuado ante la desaceleración del mercado laboral sería que el Gobierno asuma la demanda empresarial de destinar parte de la recaudación extraordinaria derivada del histórico incremento de los precios a rebajar la carga fiscal del empleo, que es la cuarta más elevada de Europa, sólo superada por las de Estonia, República Checa y Francia. Cabe recordar que, con cada subida del salario mínimo, han aumentado también las bases mínimas de cotización, que afectan a todos los asalariados. De ahí que las empresas lleven meses reclamando una rebaja de las cotizaciones sociales que les compense por el prolongado estrechamiento de sus márgenes a causa de la concatenación de la pandemia y la crisis energética.