Otra cesión que debilita al Estado de Derecho

La reforma del delito de sedición, que rebaja sensiblemente las penas de cárcel e inhabilitación asociadas al mismo, supone la enésima cesión de Pedro Sánchez a las exigencias de los separatistas catalanes para sostenerle en el poder. El presidente del Gobierno yerra de forma dramática al debilitar al Estado de Derecho frente a quienes no se han arrepentido de sus actos ilegales, afirman que volverán a tratar de romper la unidad de España y le exigen además convocar un referéndum legal sobre la independencia de Cataluña. La derogación en la práctica del principal delito por el que fueron condenados los líderes separatistas juzgados por la intentona golpista de 2017 ahonda en el desandamiaje jurídico de la ejemplar sentencia del Tribunal Supremo iniciado por Sánchez con los indultos otorgados en junio del año pasado. Contradiciendo los hechos probados por el Alto Tribunal, la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos reduce a simples desórdenes públicos los actos encaminados a alterar la legalidad vigente en Cataluña por los dirigentes separatistas utilizando las instituciones autonómicas, como denunció Felipe VI en su valiente discurso del 3 de octubre. El intento del Gobierno por enmarcar el cambio de la ley a la medida de sus socios y cabecillas del procés en la necesidad de adecuar el Código Penal a los de la mayoría de los países europeos no se sostiene. Esta humillante reforma facilitará el regreso con impunidad de los separatistas huidos de la Justicia, así como la vuelta a primera línea política de quienes, condenados también por malversación, fueron inhabilitados para ejercer todo cargo público.