La Comisión Europea y la enésima enmienda al Gobierno
La Comisión Europea ha publicado sus previsiones de otoño. En dicha actualización, ha revisado las previsiones económicas para España, tanto de crecimiento económico como de déficit público, y su resultado constituye toda una llamada de atención al Gobierno, la enésima de una institución que realiza previsiones económicas, confirmando el aislamiento del Gobierno en su optimismo.
La Comisión rebaja a la baja esas previsiones para 2023 por el contexto, lleno de incertidumbres, y con una política económica que el Ejecutivo envió a Bruselas en su plan presupuestario que ha sido puesta en cuestión tanto por Bruselas como por los analistas, dado el optimismo reinante en las mismas. En el contexto internacional, la Comisión remarca la persistencia de la inflación y de los desequilibrios acrecentados por la guerra de Ucrania, que hace que toda la eurozona sufra una desaceleración intensa.
La Comisión prevé una ralentización para el final de 2022, con algún trimestre de 2023 en contracción económica, al tiempo que la inflación se mantendrá persistente, en niveles muy elevados, elemento que, a buen seguro, hará que el Banco Central Europeo (BCE) tenga que mantener su restricción monetaria durante más tiempo y de manera más intensa.
El crecimiento español lo deja en el 1% en 2022, y aunque eso supone un crecimiento superior al de la eurozona, mantiene rezagada a España, que no ha recuperado todavía los niveles de actividad previos a la pandemia, cosa que prevé que haga en 2024, es decir, retrasa, cada vez más, el momento en el que España lo alcanzará. Adicionalmente, la Comisión remarca que pese al incremento de recaudación que está teniendo España, derivado de la inflación, persiste un elevado déficit, por encima del 3%, con desaceleración en la disminución de dicho desequilibrio presupuestario, que muestra que el gasto está aumentando e impide una reducción más veloz, cosa que sucederá en 2023, donde el menor crecimiento económico irá conteniendo el alza recaudatorio, ya que conforme se vaya agotando el ahorro de los ciudadanos y debido a la pérdida de poder adquisitivo, disminuirá la actividad y, con ello, la recaudación derivada del crecimiento real, no del que se debe exclusivamente a razones inflacionistas. De hecho, ya empiezan las señales de ralentización en el incremento de la recaudación. Que el déficit se mantenga en el 4,6% del PIB en 2022,
después de recaudar cerca de 30.000 millones de euros más por la inflación, y que en 2023 no baje apenas, con un 4,3% de previsión, muestra la fuerte tensión en el gasto.
De hecho, la Comisión insiste en el importante aumento de gasto que supondrá la revalorización de las pensiones por su indexación a la inflación, es cuantioso, alrededor de un 1,4% del PIB. Eso hace que el déficit tampoco logre quedar por debajo del límite establecido como déficit excesivo, cifrado en el 3%, y que la deuda, aunque con descenso paulatino sólo debido al crecimiento del PIB nominal –no por reducción absoluta de deuda, pues seguirá habiendo déficit, ni por auténtico crecimiento real del PIB–, sigue siendo muy elevada, en el entorno del 112% del PIB.
Esa rebaja en la previsión de crecimiento se une a las previsiones del Banco de España, que este mismo viernes ha vuelto a alertar de la mayor probabilidad de una recesión y de un encarecimiento importante de las hipotecas de los hogares en el primer semestre de 2023, de Funcas, de la OCDE, del Consejo General de Economistas, de la AIReF, del FMI y de BBVA Research, que ya estimaron un crecimiento para 2023 muy por debajo del optimismo gubernamental, cuyo cuadro macroeconómico soporta unos presupuestos de manera ficticia.
Por tanto, mientras la Comisión Europea deja claro que la economía española se está desacelerando de manera cada vez más fuerte, el Gobierno mantiene una actitud de pasividad y de negación de la realidad. En lugar de proponer reformas, niega la evidencia, elemento que genera, aún, más incertidumbre sobre la economía, y lo único que hace es gastar más y endeudar a las generaciones presentes y futuras.
El Gobierno se enroca en que no hay ningún problema sobre la economía española, pero el riesgo sobre la misma es cierto. No podemos seguir con la política económica actual, de gasto desmedido, incremento de déficit estructural y deuda por encima del 100% del PIB, sin reformas de la estructura económica que permitan que el tejido productivo genere actividad. Con este panorama, en cuanto se recuperen las reglas fiscales, España volverá a entrar de nuevo en el protocolo de déficit público excesivo, con sus medidas correctoras por parte de la Comisión, máxime en un contexto electoral en el que Sánchez, a buen seguro, acelerará el gasto e incrementará los desequilibrios. España necesita un cambio radical de política económica, que ha de basarse en reducción del gasto, para preservar lo esencial, revertir las subidas de impuestos y bajarlos cuando sea posible, para dinamizar la economía y aplicación de reformas profundas.