El Gobierno elimina el delito de sedición y rebaja las condenas
En su lugar, crea el de “desórdenes públicos agravados”, con penas menores de cárcel e inhabilitación.
El delito de sedición, por el que fueron condenados los líderes independentistas que, en otoño de 2017, declararon unilateralmente la secesión de Cataluña, desaparecerá del Código Penal. Así lo establecerá una proposición de ley que ayer registraron en el Congreso el PSOE y Unidas Podemos, y que se tramitará por la vía de urgencia.
Se reemplazará por un nuevo delito, el de “desórdenes públicos agravados”, y que implicará una reducción de las condenas para las autoridades. Si hasta ahora eran de hasta ocho años de prisión y 15 de inhabilitación, se situarán en un máximo de cinco años de encarcelamiento y ocho años en cuanto al plazo en el que no se puede ejercer un cargo electo.
El Gobierno llevaba mucho tiempo trabajando en esta reforma. En septiembre de 2020, Unidas Podemos y el PSC intensificaron la presión, aunque no consiguieron ningún avance. El pasado jueves, durante una entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó el anuncio. Argumentó que la regulación “data del Siglo XIX y que está anticuada” y que el cambio contribuirá a mejorar la convivencia en Cataluña.
El hecho de no haberse aprobado en el Consejo de Ministros, sino ser una iniciativa parlamentaria, permitirá al PSOE y Unidas Podemos no tener que solicitar informes preceptivos a órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado. El bloque de derechas acusó al PSOE de poner en peligro la unidad de España para garantizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y agotar la legislatura.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, garantizó que “revertirá” la reforma del Código Penal anunciada y recuperará el delito de sedición cuando llegue a la Moncloa. En una declaración, Feijóo alertó de que Sánchez ha superado todos los límites y que su “único proyecto” es “ganar tiempo” y, por
Pere Aragonès ve insuficiente la medida y exige que también se reforme el de malversación
ello, emplazó a los socialistas a que se enfrenten a esta “aberración”.
Del indulto a la reforma
Otros impulsores del procés decidieron permanecer en España, y fueron procesados y condenados a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación. Salieron de la cárcel en junio de 2021, tras el indulto que les concedió el Gobierno, aunque la prohibición de ejercer un cargo público se mantuvo. Tras la reforma, se levantará, lo que posibilitaría al recién elegido presidente de ERC, Oriol Junqueras, presentarse como candidato a presidir la Generalitat. Es un cargo que ocupa desde mediados de 2021 su delfín, Pere Aragonès.
Este último celebró ayer la medida, aunque la vio insuficiente ya que “quedan cuestiones abiertas”, como revisar el delito de malversación, por el que también fueron condenados, a raíz del dinero público desviado para cubrir los costes del procés.
El futuro de Puigdemont
Desde su autodenominado “exilio” en Bélgica, Puigdemont expresó su desconfianza hacia una propuesta ya que, en su opinión, sólo consiste en rebajar penas y cambiar un delito de nombre. Por el contrario, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso y uno de los artífices del texto, Jaume Asens, admitió que con la desaparición del delito de sedición, nadie podrá ser “acusado y juzgado” por el salto al vacío que dieron las instituciones catalanas hace cinco años. Si también se modifica el de malversación, Puigdemont tendrá al alcance su “pista de aterrizaje para la vuelta”. Sin embargo, Sánchez señaló que el dirigente de Junts deberá rendir cuentas, aunque la última palabra la tendrá Fiscalía.
La reforma se tramitará cuando falta medio año para las elecciones municipales y autonómicas, y el PSOE admite que podría hacerle perder votos.