El riesgo del cambio climático es hoy
En la COP27 de cambio climático celebrada en Sharm el-Sheikh (Egipto) se ha puesto el foco en la necesidad de incrementar los esfuerzos de mitigación para no sobrepasar el umbral de 1,5ºC, pero también, muy especialmente, en las necesidades de adaptación y en los retos asociados a las pérdidas y daños provocados por los impactos, ya inevitables, del cambio climático. Éstos afectan a un sinfín de actividades económicas, desde la agricultura, al turismo o a la energía. Pero, además, los cambios regulatorios, tecnológicos o de consumo necesarios para cumplir los objetivos del Acuerdo de París van a prefigurar un nuevo marco para muchas otras (pensemos en la movilidad, en las necesidades de ecodiseño de productos o, de nuevo, en la energía, por citar sólo algunos ejemplos).
En este contexto de fuertes cambios, debido a sus potenciales y relevantes implicaciones financieras, la regulación y el mercado empieza a reclamar, de manera creciente, que las empresas identifiquen y anticipen tanto los riesgos climáticos físicos (derivados de impactos agudos o crónicos del clima sobre las actividades productivas), como los riesgos de transición, producidos como consecuencia de la necesidad de adaptar los modelos de negocio a una economía descarbonizada. En síntesis, los riesgos físicos son aquellos asociados a un clima que cambia y los riesgos de transición aquellos asociados a una economía que cambia.
La evaluación de los riesgos climáticos de una organización es esencial por tres motivos. En primer lugar, por la propia gestión del riesgo para mitigar los potenciales impactos asociados. Las organizaciones líderes ya los están incorporando en su sistema de gestión de riesgos corporativo. En segundo lugar, para movilizar la organización hacia la captación de oportunidades. La utilización de instrumentos como los precios internos de carbono permite a determinadas organizaciones considerar potenciales sobrecostes futuros a la hora de valorar proyectos más intensivos en carbono que otros. En tercer y último lugar, por razones regulatorias.
Este último aspecto es especialmente relevante por cuanto existen ya varias normas vigentes, y otras en conformación, que van a requerir que muchas organizaciones deban reportar sus riesgos climáticos, y sus oportunidades. La directiva europea sobre informes de sostenibilidad corporativa (conocida como CSRD, por sus siglas en inglés), cuya entrada en vigor se espera para finales de este año, exigirá a partir de 2024 a empresas de determinado tamaño informar, entre otros aspectos, sobre los riesgos climáticos a los que se enfrentan, y ello con arreglo a detallados estándares desarrollados por el grupo asesor en reporte financiero de la UE (European Financial Advisory Group, o EFRAG). El informe sobre riesgos climáticos físicos, por otra parte, es ya exigible para cumplir con la llamada “taxonomía verde” de la UE y poder considerar que una inversión está alineada con la misma y puede calificarse de sostenible.
Exigencia global creciente
No sólo Europa está comenzando a exigir a las empresas que identifiquen y reporten sus riesgos climáticos. En Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission está elaborando estándares en esta materia para las compañías registradas allí. Adicionalmente, la Administración Biden ha publicado hace escasos días la propuesta de norma que obligaría a todos los grandes contratistas del gobierno federal a reportar públicamente sus riesgos climáticos financieros. Adicionalmente, países como Argentina, Brasil, China, India, Japón o Sudáfrica cuentan con marcos regulatorios aprobados o en tramitación. Existen también estándares internacionales como los diseñados por la Task Force for Climate-related Financial Disclosures o por el International Standards Sustainability Board (en elaboración).
De modo destacado, en España la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética exige reportar sobre riesgos climáticos a determinadas entidades (sociedades cotizadas obligadas a publicar estados de información no financiera, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras, y otras entidades obligadas a publicar estados de información no financiera). Está previsto que el contenido de los informes se precise mediante real decreto antes del próximo mes de mayo, lo cual podría suponer que estas organizaciones deban reportar sus riesgos climáticos, su impacto financiero y la estrategia para gestionarlos ya en 2024 respecto de su situación en 2023, anticipándose así a las exigencias europeas.
Ha llegado el momento de que las empresas identifiquen sus riesgos (y oportunidades) asociados al cambio climático y se preparen para reportarlos, una labor que debe abordarse con rigor y visión estratégica, y no como una mera carga burocrática para que resulte provechosa para la propia organización.