Atasco burocrático en las renovables

El próximo 25 de enero los proyectos de renovables que en su momento obtuvieron los puntos de conexión a la red deben disponer de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según la terminología técnica. Si en esa fecha no cuentan con este certificado, uno de los hitos clave en la larga cadena de exigencias, los promotores perderán los puntos de conexión, los avales depositados y consecuentemente quedarán en precario. Fuentes de las empresas estiman que hay entre 60.000 y 80.000 megavatios a la espera del DIA, lo que supone que, a razón de 40.000 euros de aval por megavatio, hay hasta 3.200 millones de euros comprometidos en miles de proyectos. Por el momento, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha negado a aplazar esa fecha ahora problemática, generando gran tensión y preocupación en el sector. Esta negativa es un craso error, máxime si se tiene en cuenta que la responsabilidad de los retrasos es en gran medida debida a la Administración por falta coyuntural de medios, retrasos derivados de la pandemia o simplemente porque se ha arbitrado un procedimiento imposible de cumplir por la avalancha de solicitudes. España, junto con la UE, está inmersa en un muy ambicioso programa de inversión de renovables, cuya urgencia se deriva no sólo del cambio climático sino también de las consecuencias del desacoplamiento energético con Rusia. Esto es lo prioritario. Por ello, la Administración debe facilitar al máximo un proceso fluido, garantizando desde luego el cumplimiento de la cadena de hitos, pero colaborando también con las empresas para que puedan cumplir en tiempo y forma. Hay alternativas posibles que no menoscaban la seriedad y ambición del procedimiento, entre ellas la prórroga de la fecha, la retroactividad y la “declaración responsable”, que actuaría como una pre-DIA provisional, con validez hasta que fuera concedida la definitiva. Todo antes que llevar a la pérdida de capitales por una mal entendida rigidez de procedimientos.