Bruselas pide “cuidado” al diseñar el nuevo impuesto a energéticas y fija líneas rojas
PROHÍBE LA RETROACTIVIDAD/La Comisión Europea advierte a España y al resto de países que desarrollan estos nuevos tributos que deben ceñir sus gravamen sobre los beneficios extraordinarios, hacerlo de forma temporal y sin efectos retroactivos.
Bruselas ha pedido cautela a España, y el resto de países que están desarrollando nuevos impuestos sobre las compañías energéticas en respuesta a la crisis inflacionista agravada por la guerra en Ucrania, para evitar que acaben teniendo efectos contraproducentes e imponiéndoles una serie de líneas rojas. La Comisión Europea advierte concretamente de que estos nuevos tributos deben ceñirse a gravar los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector energético como consecuencia del alza de precios, deben de tener carácter temporal y no pueden tener efectos retroactivos. Unas restricciones que complican el diseño del impuesto en el que ultima estos días el Ministerio de Hacienda español, que aspira a que la nueva figura entre en vigor en 2023 pero grave las ganancias extraordinarias de las firmas energéticas del ejercicio 2022.
“Técnicamente, diseñar y aplicar un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo es factible, pero no es tan sencillo como puede parecer porque hay muchos parámetros diferentes para considerar”, advirtió el pasado jueves la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, que exigió a los países comunitarios que desarrollen este nuevo tributo actuar “con cuidado” para evitar distorsiones. En primer lugar, la comisaria señaló que estos nuevos impuestos deben prestar atención a gravar “adecuadamente” solo los ingresos “inesperados” que las compañías del ámbito energético hayan obtenido como consecuencia de “cambios repentinos de las condiciones de mercado”, pero evitando afectar a las decisiones de inversión de las empresas, o a sus estrategias de mejora de la eficiencia e innovación. Los tributos deben diseñarse “con cuidado para evitar que generen distorsiones indeseadas del mercado y desincentiven inversiones en energías renovables”, concretó, según recoge Efe, durante su intervención en el Parlamento comunitario.
Más allá, la comisaria de
La Comisión insta a evitar efectos contraproducentes sobre los precios o la inversión verde
Justicia de la Comisión Europea recordó que el organismo ha emitido una serie de orientaciones que marcan las líneas rojas que los países que opten por desarrollar estas nuevas figuras impositivas no pueden cruzar. “La medida no debe ser retroactiva, debe ser neutral desde el punto de vista tecnológico y debe permitir que los productores de electricidad cubran sus costes”, subrayó.
La comisaria hacía referencia al esquema impulsado por Bruselas para acelerar la transición hacia las energías limpias como parte de la estrategia para eliminar la dependencia de Rusia tras su invasión de Ucrania. En concreto, el pasado 8 de marzo, la Comisión Europea remitió al Parlamento, el Consejo Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y las distintas regiones la iniciativa REPowerEU, una “acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible”.
El documento establecía que “para financiar medidas de emergencia” ante la convulsión económica generada por la guerra y el alza de precios, “los Estados miembros pueden considerar la adopción de medidas fiscales temporales sobre los beneficios imprevistos” de las compañías energéticas.
El aval a la creación de nuevos impuestos con este objetivo se acompañó luego con una serie de relevantes advertencias: “estas medidas no deben tener carácter retroactivo, sino que deben ser tecnológicamente neutras y permitir a los productores de electricidad cubrir sus costes y proteger las señales del mercado y del precio del carbono a largo plazo”.
El texto que fija esos límites indica, por ejemplo, que “la duración de la medida debería limitarse y vincularse a una situación de crisis específica”; que el gravamen debe “evitar repercusiones en la formación de precios” eléctricos y no afectar a la parte del aumento del precio del gas que tenga carácter estructural.
En cuanto al método de cálculo de los beneficios extraordinarios a gravar, la Comisión Europea indica la identificación de estas bases imponibles deberá “especificarse y justificarse claramente”. “Para evitar cualquier uso arbitrario que pudiera dar lugar a graves distorsiones, los ‘beneficios imprevistos’”, así como los criterios de aplicación del impuesto “tendrían que definirse sobre la base de criterios y acontecimientos objetivos y verificables”.
Más allá, la Comisión Europea advierte de que “la duración del impuesto también debería estar claramente limitada en el tiempo”, “solo debería servir para recuperar una parte de los beneficios realmente obtenidos” por las empresas productoras y “no debería tener carácter retroactivo”. Finalmente, Bruselas señala que “en la medida en que las exenciones de tales impuestos sobre los beneficios den lugar a ventajas selectivas para determinadas empresas, podrán aplicarse las normas sobre ayudas estatales”.
Las indicaciones dadas por la Comisión constriñen el margen de maniobra de los Gobierno europeos. En el caso español, la cuestión más delicada es la de la retroactividad, que aspira a sortear fijando la fecha de devengo a finales de este mismo año aunque cobre el impuesto desde 2023, lo que le exigirá acelerar su tramitación (ver información adjunta). Por lo demás, España trata de jugar sobre seguro siguiendo el ejemplo de la tasa que Italia impuso en marzo gravando al 10% –y luego al 25%– las ganancias de las empresas de electricidad, petróleo o gas que superen los umbrales del año previo, cuya adaptación aún ultima.
La comisaria de Justicia pide cautela a los Estados a la hora de definir la ganancia a gravar