Sánchez creará impuestos a la banca y las energéticas para recaudar 7.000 millones
NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS/ El presidente anuncia tributos extraordinarios durante dos años para recaudar 2.000 millones anuales de eléctricas, gasistas y petroleras y 1.500 al año de entidades financieras para sufragar nuevas medidas sociales.
“El gran reto que hoy tiene España se llama inflación”, reconoció ayer en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el discurso de apertura del primer Debate del estado de la Nación en siete años, en el que pasó por encima del tradicional balance triunfalista de gestión del Ejecutivo para centrarse en admitir que la incierta situación económica abierta por la crisis inflacionista y la invasión de Rusia sobre Ucrania requiere tomar medidas adicionales. Sánchez, de hecho, aprovechó su intervención para anunciar una quincena de nuevas iniciativas cuando el Parlamento aún no ha validado el decreto de prórroga hasta fin de año de su plan de choque. Como medida estrella para sufragarlas, Sánchez anuncio la creación de un nuevo impuesto extraordinario sobre la banca, que suma al previsto para las energéticas, a fin de recaudar en conjunto unos 7.000 millones de euros en dos años.
“Soy plenamente consciente de las dificultades diarias de la gente” ante un alza de precios a doble dígito, dijo Sánchez, asegurando que no va a “tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis”, porque “las dificultades de la mayoría no pueden ser la alegría de una minoría”. Para garantizar un “reparto justo y equitativo” de la crisis inflacionista, anunció, impulsará la creación de un nuevo impuesto sobre “las grandes entidades financieras, que ya se están empezando a beneficiar de la subida de los tipos de interés”. Será excepcional y temporal, durante 2023 y 2024, detalló, y gravará los beneficios del sector de este ejercicio y el próximo con el objetivo recaudar 1.500 millones al año (3.000 en total).
El nuevo tributo, avanzó Sánchez, se planteará en paralelo al ya anunciado impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas en 2022 y 2023 como consecuencia del alza de precios. Esta figura, detalló el presidente, estará en vigor durante 2023 y 2024 y recaudará 2.000 millones al año, es decir, 4.000 millones en total, de las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras. “Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero los beneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los ciudadanos que pagan sus facturas”, criticó Sánchez, aclarando que el impuesto solo afectará a “los grupos dominantes” del sector energético.
Los dos impuestos serán impulsados “cuanto antes” como proposiciones de ley por los partidos de Gobierno, detallan desde La Moncloa.
El anuncio provocó fuertes caídas bursátiles al sector financiero (de hasta el 8,6% para CaixaBank), y recibió críticas desde la patronal. BBVA Research rescató su estimación de que un impuesto a la banca que eleve la recaudación en el 0,1% del PIB provocará una caída económica del 0,09% a largo plazo, reducirá el volumen de crédito y lo encarecerá en 10 puntos básicos.
Frente al golpe a las empresas, Sánchez prevé destinar la recaudación extra a financiar otras de las medias anunciadas ayer, como la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, rodalies y media distancia hasta final de año; una beca complementaria de 100 euros para el millón de estudiantes ya becados; el impulso de la formación en programación informática y robótica en la educación obligatoria; el refuerzo del sistema nacional de salud; el despliegue del autoconsumo energético de edificios públicos; nuevos planes de reindustrialización y apoyo al sector agrario o la construcción de 12.000 nuevas viviendas en Madrid (el 60% públicas).
De la misma forma, argumentó Sánchez, los 15.500 millones de recaudación tributaria extra logrados, a lomos de la inflación, entre enero y mayo, equivalen al coste que tienen los dos planes de choque contra la inflación desplegados entre abril y diciembre, que incluyen la bonificación de carburantes, la rebaja del 80% de la factura fiscal de la luz o el nuevo cheque de 200 euros y que el Congreso decidirá si convalidar el jueves.
Más allá del incremento de la presión fiscal sobre firmas energéticas y financieras, y en el marco del pacto de moderación de rentas y beneficios que promueve entre los agentes sociales, Sánchez pidió “a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario” por el alza de precios se redirija en apoyo de trabajadores y consumidores. “Es el momento de demostrar que trabajan para crear valor a sus accionistas pero también a la sociedad”, sostuvo.
“No elegimos gobernar en situaciones críticas como la pandemia o la guerra, pero en medio de las peores turbulencias vividas, tenemos claras las prioridades guiándonos por el interés general”, aseguró Sánchez. “Vamos a ir a por todas” a la hora de ayudar a la ciudadanía a paliar el alza de precios y de cuidar especialmente de las clases trabajadoras y colectivos vulnerables, concluyó.
Su discurso, buscaba empatizar con la ciudadanía, recuperar el liderazgo cuestionado tras los últimos reveses autonómicos y coser las diferencias internas del Ejecutivo de coalición para afianzar el año y medio que resta de legislatura. Como poco le valió una tregua con sus socios. “Hoy el Gobierno empieza a reorientar el rumbo como veníamos pidiendo”, celebró la ministra de Derecho Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avaló el plan aunque echó en falta otro impuesto específico a “las grandes corporaciones que cotizan en Bolsa y tienen beneficios muy importantes".
De cara al resto del Hemiciclo, Sánchez se ofreció a estudiar sus propuestas, pero rechazó las principales planteadas por el PP. Carente de escaño, el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acudió a la cita pero tuvo que delegar la voz en Cuca Gamarra, que aunque consumió un tercio de su tiempo en criticar que el PSOE pacte con Bildu, acabó atacándole por el frente económico. “Señor Sánchez, usted sale muy cara a los españoles”, adujo, proponiéndole rebajar el IVA del gas al 5%, deflactar el IRPF para evitar el alza fiscal encubierta de no actualizar el impuesto con el alza de precios y salarios y tendió la mano a apoyar el alza del gasto en defensa que divide a los socios de Gobierno.
Unidas Podemos respaldó a Sánchez pero le reclamó una reforma fiscal integral, petición a la que se sumó ERC, socio parlamentario habitual.