El sector energético, ¿salvador o víctima?

Inseguridad jurídica. Preocupación regulatoria. Indefinición normativa. Los peores fantasmas del sector energético vuelven. El anuncio del Gobierno de un impuesto a las energéticas, a cuenta de los supuestos beneficios extra por la escalada de precios, no podía llegar en peor momento. Justo cuando el Gobierno más necesita que esas empresas estén de su lado ante el complejo escenario de desabastecimiento que se vislumbra, por el endurecimiento de las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ese desabastecimiento ya está siendo una realidad en países como Alemania, a los que Rusia ha empezado a cortar suministros bajo la excusa de mantenimientos técnicos. El problema más grave está por venir, cuando empiece el otoño y llegue el frío. El Ministerio de Transición Ecológica ha convocado para hoy una serie de reuniones con algunos ejecutivos de las principales energéticas y con sus patronales más representativas. El objetivo inicial es hablar de posibles escenarios para abordar aspectos relacionados con la garantía de suministro. El Gobierno trata de plantear la reunión en positivo. Se trata, dicen fuentes cercanas, de abordar soluciones ante la posibilidad de que España deba tener que aportar recursos a otros países más afectados por el recorte de los carburantes llegados desde Rusia en el marco del plan de contingencia que debe presentar a Bruselas. España tiene grandes capacidades en estos momentos para garantizar su suministro energético. Pero de ahí a decir que le sobran capacidades y que puede salir al rescate de países como Francia y Alemania es, sencillamente, una exageración. Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagás, lo define bien. España puede contribuir a paliar la emergencia de Europa, pero en ningún caso es el salvador. Sobre todo, porque la carestía, venga de donde venga, se traduce en mayores precios para todos, y más esfuerzo para las empresas. Unas empresas a las que, para colmo, se les pide un impuesto extra de 4.000 millones.