Un tribunal francés suspende la ejecución del laudo del sultán de Joló
La Corte de Apelaciones de París ha dictado una resolución en la que acuerda suspender cautelarmente la ejecución del laudo arbitral que ordena a Malasia a indemnizar con 13.315 millones de euros a los herederos del Sultán de Joló. El tribunal justifica su decisión en que la ejecución del laudo, uno de los más elevados de la historia, podría afectar a la inmunidad soberana del país asiático, de ahí que haya acordado su suspensión hasta que se resuelva la impugnación del laudo.
La justicia francesa ha tomado esta decisión un día después de que las autoridades de Luxemburgo acordasen embargar dos filiales de Petronas, la petrolera estatal de Malasia, después de que los demandantes hayan homologado y ejecutado el laudo en el país. El valor del embargo asciende a 14.651 millones de euros y el fiscal general de Malasia, Idrus Harun, ya ha señalado que está estudiando las implicaciones de esta decisión.
El Estado de Malasia señala en un comunicado que la resolución de la justicia francesa impide a “quienes dicen ser herederos del sultán de Joló” a “instar la ejecución de este supuesto laudo, ni por tanto para solicitar el embargo de bienes o activos, mientras no se resuelva la acción de anulación que Malasia ha presentado en París”
El pasado 28 de febrero, el árbitro español Gonzalo Stampa dictó un laudo en el que ordenaba a Malasia indemnizar con 14.920 millones de dólares a los herederos del Sultán de Joló por la explotación de unos terrenos en el norte de la Isla de Bormeo.
Ambas partes mantenían una relación contractual desde 1878 mediante la cual Malasia abonaba un canon anual a cambio de la explotación de dichos terrenos, en el pasado ricos en otros recursos naturales como perlas y madera. Tan pronto se conoció que la zona era abundante en petróleo y gas, los herederos quisieron renegociar los términos del contrato, algo que no fue posible y que derivó en el procedimiento judicial que ha terminado en la justicia española, ya que los herederos señalan que el contrato se firmó cuando la zona estaba sujeta a soberanía española.
Malasia sostiene que es un arbitraje ilegal porque el nombramiento de Stampa fue anulado por la justicia y no reconoce sus actuaciones.