La contraprogramación del Gobierno
Lo cierto es que el sector financiero tiene una cierta mala suerte. Justo cuando presentaba un estudio externo de medición de la exclusión financiera, el Gobierno, a través de su presidente Pedro Sánchez, decide contraprogramar y anuncia que se va a imponer un impuesto especial y temporal de dos años a los beneficios originados por la subida de los tipos de interés. Una vez más el sector es identificado como el malo y quien debe pagar para hacer frente a gastos públicos que tratan de aliviar problemas derivados de la alta inflación actual.
Las tres patronales del sector financiero (AEB, que engloba a los antiguos bancos; CECA, que representa a las antiguas cajas de ahorros, y UNACC, en la que están las cooperativas de crédito) han financiado un estudio realizado por expertos de la Universidad de Valencia que relativiza el grado real de exclusión financiera, entendida esta por el tiempo que deben destinar a desplazarse las personas que en su municipio no tienen ningún tipo de acceso al efectivo.
Las conclusiones del estudio son que apenas el 1,4% de la población, algo más de 657.000 personas, tienen que dedicar unos 10 minutos para desplazarse a algún punto distante de donde residen para poder tener acceso a retirar efectivo. Esta es la manera de medir la exclusión financiera, porque se entiende que al resto de servicios financieros cualquier persona puede acceder a través de la banca móvil. Otra cosa distinta es que realmente toda la población tenga las habilidades digitales suficientes para hacerlo.
Reputación
El sector financiero está empeñado desde hace años en tratar de recuperar parte de la reputación perdida como consecuencia de la crisis financiera e inmobiliaria que empezó en 2007 y se prolongó durante varios años más alcanzando su punto álgido en 2012, cuando se intervino Bankia, y otras entidades de menor tamaño, y se solicitó ayuda financiera a Europa para recapitalizar y sanear a las entidades quebradas.
Es una tarea difícil, por no decir casi imposible, en la que parecía que las entidades avanzaban un poco, gracias por un lado a los bajos tipos de interés existentes durante los últimos seis años y, por otro, a las medidas de apoyo (moratorias de créditos, adelanto del pago de pensiones y subsidio de desempleo, créditos avalados por el ICO…) que manera voluntaria u obligada habían tomado los bancos para tratar de paliar los peores efectos de la pandemia.
Que esta situación iba a cambiar parecía razonable a la vista de que los tipos de interés de mercado han empezado a subir desde hace meses y que ello se traduce en mayores costes financieros para aquellos que están endeudados y que no produce en paralelo una subida de la nula retribución de los depósitos de clientes.
Pero lo que no esperaban, al menos no ahora, era que fuera el propio presidente del Gobierno quien en el Congreso anunciara la intención del Ejecutivo de imponer un impuesto durante los dos próximos años para que el Estado ingrese un total de 3.000 millones para compensar, según Pedro Sánchez, los beneficios extraordinarios que el sector va a obtener con la subida de los tipos de interés.
Es difícil cuantificar los beneficios reales que van a conseguir
Una vez más se identifica al sector como el malo, quien debe pagar para asumir gastos públicos
las entidades por la subida de los tipos, porque también esto tiene posibles efectos negativos. También es verdad que los responsables de los bancos habían caldeado algo el ambiente al anunciar que sus ingresos financieros crecerían de manera relevante a medida que los tipos abandonaran el terreno negativo en que estaban y pasaran a terreno positivo.
En todo caso la reacción de los afectados ha sido la esperada: ningún comentario oficial, ni de las patronales ni de las entidades en particular argumentando que no se conoce qué es exactamente lo que va a pasar, pero sí argumentos of the record para criticar la decisión.
El problema es que dentro de poco más de una semana las principales entidades financieras presentarán públicamente sus resultados semestrales, que serán buenos y mostrarán incrementos notables de beneficios respecto a hace un año. Y entonces los consejeros delegados de todas ellas no tendrán más remedio que contestar a las preguntas que se les haga al respecto.
No hubo respuesta oficial, pero un muy alto responsable bancario señaló, bajo la condición de mantener su anonimato: “Es lo más impresentable que he visto nunca hacer a un Gobierno. Sin avisar, estamos atónitos”.
La madrastra
La implantación de un impuesto, “veremos si finalmente se implementa, porque en otras ocasiones se ha anunciado y finalmente no se ha hecho”, recuerdan en varias entidades cotizadas, puede buscar identificar de nuevo a la banca como el responsable de todos los males, redescubrir que el sector es “la madrastra”, como en 1986 el expresidente Adolfo Suárez la califica al negarle la financiación necesaria para hacer frente a la compaña electoral de entonces. “La madrastra me cierra el grifo”, dijo entonces, y los simpatizantes de su partido, el CDS, lucieron una chapa en la que decía “Yo también tengo problemas con los bancos”. El resultado fue espectacular: el CDS consiguió 18 diputados cuando cuatro años antes apenas había logrado dos.
¿Es lo que busca el Gobierno?
Es difícil cuantificar los beneficios reales logrados por la subida de tipos de interés