La banca española y el populismo
Las medidas populistas son probables en tiempos económicos difíciles. Son aún más predecibles cuando se avecinan unas elecciones, como será el caso el año que viene para el Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez. Con la esperanza de aplacar el descontento de los votantes por la caída del nivel de vida por la inflación, su Gobierno ha decidido actuar contra los bancos y las empresas energéticas con un impuesto temporal sobre los “beneficios extraordinarios” que, afirma, podría recaudar 7.000 millones de euros entre 2023 y 2024.
La lógica de perseguir a los bancos parte de la base de que, a medida que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, las entidades ganarán más con los diferenciales de tipos de interés. Cualquier beneficio inesperado volvería a los contribuyentes. Pero el argumento también sugiere falsamente que los bancos están poco expuestos a las recesiones económicas.
En opinión de Borja Segura, de Citi, el impuesto español podría adoptar una de estas dos formas. La actual tasa sobre los depósitos bancarios podría aumentar de tres puntos básicos a unos 20. O España podría seguir el camino de Hungría, gravando los ingresos domésticos equivalentes al 6% del total. Cualquiera de las dos opciones supondría una caída media aproximada del 15% de los beneficios por acción previstos por el sector en los dos años propuestos.
Esto pinta mal para los accionistas, aunque los contribuyentes españoles puedan argumentar que salvaron a los bancos en el pasado. Sin embargo, el efecto de unos tipos de interés más altos sobre los prestatarios tras un periodo tan largo de tipos ultrabajos es una incógnita. Si bien el sector parece razonablemente sano ahora, con ratios de capital básico Tier 1 superiores al 13%, la vuelta de las provisiones frente a préstamos incobrables a los niveles de 2020 consumiría la mitad de los beneficios previstos este año en España antes de las provisiones.