El sector aéreo saca la cabeza en España
Los aeropuertos y las aerolíneas que operan en España respiran con cierto alivio este verano. La operativa en el país ya se ha situado al 93% de los niveles de 2019 y aeropuertos como Palma incluso la superan ligeramente. España está al frente de la recuperación del sector en Europa y, en contraste, los problemas son muy inferiores. Por ejemplo, las cancelaciones apenas llegan al 1% desde que arrancó junio, cuando en Reino Unido, Alemania Países Bajos se sitúan entre el 2,6% y el 4,4%. El verano en el que ha explotado la demanda por volar y en el que los precios han subido, el país se comporta como uno de los mejores. De hecho, si se mide por cancelaciones, España registra el mejor dato entre los diez principales mercados europeos. Existen anulaciones y colas, pero incluso en una proporción menor que en otros veranos, y sin nada que ver con lo ocurrido en diferentes países, donde se han anunciado cancelaciones masivas y reducciones de capacidad con la temporada alta ya en marcha. Las infraestructuras y las aerolíneas han conseguido recuperar la plena normalidad en apenas unos meses, algo que era de prever. Problemas graves como el de Amsterdam –donde se han llegado a ver colas de cientos de metros de personas para entrar en el aeropuerto– son la consecuencia de una mala previsión: en mayo las aerolíneas ya pusieron el grito en el cielo y lo confrontaron con el alza de las tasas en uno de los principales hubs europeos. A aerolíneas como British Airways o easyJet les falta personal. En España, todo el sector y las empresas turísticas cruzan los dedos para que no se trunque la situación. Los conflictos en los controles de pasaportes se han despejado y las huelgas apenas tienen incidencia por los servicios mínimos. Pese al buen desempeño, el sector se muestra preocupado por el daño a la imagen por las miles de vacaciones frustradas, aunque sean consecuencia de problemas fuera de nuestro país, bien por la pérdida de un vuelo o por el retraso de una maleta extraviada en Múnich. por lo que habrá ajustes de valoración vía dividendos asimétricos, originalmente en el entorno de 4.500 millones para los accionistas de Orange y de 1.500 millones para los de MásMóvil, que según las últimas negociaciones pudieran quedar en 4.200 y 1.650 millones, respectivamente, un encaje de bolillos para asegurar el 50-50 de la fusión. La deuda de la compañía resultante se situará en el entorno de 12.500 millones, de los cuales 6.500 millones corresponden a la deuda actual de MásMóvil y los 6.000 millones restantes serán de nueva emisión, precisamente para satisfacer los dividendos previstos. En la financiación, con varios tramos, participan los cuatro mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell) y los cuatro mayores franceses (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale y Natixis). Las sinergias anuales de costes se estiman en 450 millones de euros a partir del tercer año, aproximadamente un 20% del ebitda conjunto estimado de 2.250 millones en 2022.