El fiscal también rechaza llevar al TC las rentas de Aena

La Fiscalía da la espalda a la pretensión de Aena de llevar al Tribunal Constitucional (TC) la norma aprobada en el Congreso de los Diputados que le obliga a cobrar a sus restaurantes y tiendas una renta proporcional al tráfico de cada aeropuerto hasta que recuperen la actividad previa a la pandemia, como medida para compensar los efectos de la pandemia, que desplomó la cifra de turistas y de negocio.

En una diligencia de ordenación firmada el pasado 11 de julio, la fiscal de Ibiza Clara Pilar Beltrán Cañellas pide la confirmación de una sentencia anterior que modifica el contrato entre Aena y la sociedad Airfoods Restauración y Catering.

Además, respecto a la petición del TC, afirma: “No ha lugar a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la parte recurrente [Aena]” porque “no se ha constatado que se haya producido la vulneración de derecho fundamental alguno”.

El fiscal es el representante del Ministerio Público –que a su vez vela por los intereses del Estado– en un juicio. Es el

“No se ha constatado la vulneración de derecho fundamental”, dice

mismo Gobierno el que se opondría a la petición de Aena, que controla en un 51% a través de la sociedad Enaire.

Hasta la fecha, todas las sentencias y autos conocidos van en el mismo sentido: el de otorgar legitimidad al Congreso para aprobar la disposición final séptima de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que es la que afecta a Aena en cuanto al pago de rentas durante la pandemia, y el de denegar el intento de la cotizada por que un juez eleve al TC una cuestión de inconstitucionalidad.

El gestor aeroportuario cifró en 1.300 millones de euros el impacto de dicho cambio legal, si bien la recuperación del tráfico aéreo lo puede reducir. Aena ha criticado que los grandes beneficiados serán Dufry, SSP y Áreas y afirma que los nuevos contratos que ha licitado ya están con rentas superiores al contexto pre-Covid.