La mayor subida de tipos, moneda de cambio de la red de seguridad del BCE
Una de las reuniones más complejas de la historia reciente del Banco Central Europeo (BCE) se saldó con la decisión unánime de acelerar el ritmo de subidas de tipos, al aprobar un alza de 50 puntos básicos, y de poner coto a la amenaza de las primas de riesgo, al lanzar la esperada herramienta antifragmentación bajo el nombre de Mecanismo de Protección de la Transmisión (TPI). Palomas y halcones salieron contentos y de la mano.
Y no por casualidad. Según señaló la presidenta, Christine Lagarde, ambas decisiones fueron complementarias en el sentido de que los miembros más afines a los estímulos monetarios cedieron al mayor encarecimiento del dinero mientras que los más restrictivos dieron su apoyo al nuevo programa de compras de deuda. Sin la una, el organismo hubiera sido incapaz de sacar adelante la otra.
Aunque los focos se centran en la sorpresa de la mayor subida de tipos, a la larga, los expertos consideran que las palomas han salido beneficiadas de esta cita. Los tipos negativos se han ido de un plumazo en medio de serias incertidumbres económicas, sí, pero a tenor de la inflación, que se sitúa ya cerca del 9%, eso iba a ocurrir más pronto que tarde.
Configurar una red de seguridad ilimitada a costa de acelerar unos meses el proceso es un sacrificio que firmaría cualquier país periférico con los ojos cerrados. Ha sido una moneda de cambio que no han dudado en entregar.
Pero no es que los banqueros centrales más duros con la inflación hayan perdido el norte. Todos los miembros del consejo de gobierno del BCE son conscientes de que en la actual situación macroeconómica sería imposible iniciar un ciclo sostenido de subidas de tipos sin hacer descarrilar a más de un país y poner en jaque la estabilidad de toda la región. Por ello, en pos de disponer de recursos con los que combatir la elevada inflación, los banqueros centrales entendieron la necesidad de asumir ciertas compras.
El BCE, con la fortaleza de esta unión de su órgano de decisión, ha creado un auténtico escudo. Ilimitado en volumen y duración, el compromiso mostrado por el organismo se asemeja al de anteriores bazucas, sólo que este se utilizará exclusivamente de forma defensiva.
“Preferiríamos no tener que utilizar el TPI, pero no dudaremos en hacerlo si es necesario”, explicó Lagarde en una frase totalmente definitoria de lo que será esta herramienta.
Condicionalidad
Uno de los grandes desafíos del BCE con la herramienta antifragmentación era conjugar la legalidad –entendida como que fuera una herramienta proporcional y justa a ojos del Tribunal de Justicia Europeo– con su utilidad como salvaguarda de la estabilidad de las primas de riesgo en la región. En el recuerdo estaba la famosa OMT de Draghi, un programa de compras ligado a que los países pidieran un rescate al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y que nunca llegó a ser utilizada.
Pero el BCE ha sabido solucionar la papeleta. En primer lugar, la institución ha querido eliminar cualquier componente que pueda suponer un señalamiento de un determinado país, como lo era el pedir públicamente un rescate. Ahora, será la propia autoridad monetaria la que decida comprar deuda de un país elegible si lo considera oportuno.
En segundo término, el BCE ha impuesto una serie de condiciones que Lagarde calificó como “duras”, pero que le permitirán atender a las necesidades de todos los países al menos en los primeros compases de este ciclo de normalización monetaria.
La mayoría de las condiciones para acceder al TPI (ver página 11) están vinculadas a las normas de estabilidad fiscal de la Comisión Europea que permanecerán suspendidas hasta 2024. De esa manera, aunque la autoridad monetaria vista de estricto su programa, todos los países cumplen con los criterios elegibles en este punto de partida e incluso aquellos como Italia, que cuenta con una deuda de demás del 150% del PIB, podrán beneficiarse.
En el futuro, las definiciones de déficit excesivo y sostenibilidad de la deuda que marcarán si se despliega o no esta red de seguridad deberán ser revisadas y reformadas por el Consejo y la Comisión Europea y podrían volver a endurecerse, algo que de seguro habrá aliviado a los halcones. Estos miembros acostumbran a querer evitar que los estímulos se hagan crónicos. Aun así, incluso si la Comisión Europea endurece rápidamente sus normas, la última palabra sobre si un país es elegible o no para el TPI la tiene el consejo de gobierno, que deberá alcanzar una mayoría simple de votos en cada caso para iniciar la protección. Si se necesita, afirman que podría ponerse en marcha de un día para otro.