Búsqueda de equilibrios internos en el BCE
El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido subir los tipos de intervención 50 puntos básicos poniendo fin a la era de tipos de interés negativos (al llevar la Facilidad de Depósito al 0%). Esta decisión difiere de la subida de 25 puntos básicos que la autoridad monetaria dibujó en junio. Lagarde ha justificado el cambio en base al movimiento al alza de los riesgos inflacionistas, en un escenario en el que cada vez son más los componentes de la cesta de la compra que están registrando repuntes significativos.
La propia institución señalaba que, en las próximas reuniones, será conveniente la continuidad de la normalización de los tipos de interés y, a su vez, elimina el forward guidance, apuntando que los próximos movimientos serán data-dependent. El mercado duda para la próxima reunión de septiembre si la subida del BCE será de 50 ó 75 puntos básicos y, en todo caso, espera que la Facilidad de Depósito alcance en 2023 niveles en torno al 1,50%. Aunque este nivel podría llevar al euribor 12 meses (referencia principal para las hipotecas) a niveles en torno al 1,75%, estos son muy inferiores a los que descontaba el mercado hace apenas un mes, cuando estimaba un euribor considerablemente por encima del 2%.
El riesgo de recesión en la eurozona en los próximos trimestres ha llevado a relajar las expectativas de subidas de tipos en las últimas semanas, si bien, estas van a ser más rápidas de lo previsto hace relativamente poco.
Resulta inevitable pensar que esta subida de tipos mayor a la prevista también ha servido para contentar al ala más hawkish del BCE, ya que para la puesta en marcha del programa Transmission Protection Instrument (TPI) era necesaria conseguir unanimidad en el seno del Consejo de Gobierno. A pesar de la insistencia de Lagarde en la conferencia de prensa apuntando que el TPI es una herramienta accesible para cualquier país del Área Euro, nadie duda que el objetivo último es eliminar la posibilidad de que los repuntes de los diferenciales de crédito de los países de la periferia.
El anuncio de esta nueva herramienta, cuyo principal destino apunta a la deuda italiana, se ha producido en el peor momento, el mismo día que Draghi presenta su dimisión a Mattarella y que aboca a Italia a elecciones anticipadas. Los inversores estaban muy atentos a cómo iba a ser la configuración de este instrumento y lo cierto es que la reacción del mercado no ha sido positiva, con un aumento de los diferenciales crediticios de Italia significativo, si bien, en parte, también viene explicado por la propia situación política del país transalpino.
El BCE ha señalado que la primera línea de defensa para contrarrestar los riesgos de transmisión de la política monetaria seguirán siendo las reinversiones que se realizarán a través del PEPP (programa de compras que se puso en marcha durante la pandemia y cuyas compras netas terminaron el pasado marzo). Esto supone que este nuevo instrumento (TPI) únicamente será utilizado en caso de necesidad, que el BCE asocia a un deterioro de las condiciones de financiación que no esté justificado por los fundamentos específicos de cada país. Por tanto, no sería descartable que este instrumento realmente nunca se utilice. Asimismo, el propio BCE apuntaba en el detalle del
TPI que la OMT (instrumento que permite la compra ilimitada de deuda de un país, pero requiere su petición expresa y a su concesión va asociada una elevada condicionalidad) es un instrumento que sigue plenamente vigente.
La condicionalidad que finalmente se va a exigir para que el BCE pudiese activar el TPI en un país concreto está relacionada, a grandes rasgos, con el no estar incurso en el Procedimiento de Déficit Excesivo (en suspenso, de momento, hasta 2023) y no tener desequilibrios macroeconómicos graves, con una deuda pública sostenible e implementando políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles. Es decir, este instrumento obligaría a aquellos países que necesiten soporte adicional del Banco Central Europeo, y a su vez no cumplan las reglas fiscales, a acudir la OMT.