La guerra judicial de las radiales

El conflicto desatado por la quiebra de las ocho sociedades de autopistas de peaje, que en 2018 revirtieron en el Estado tras un polémico proceso concursal que terminó en liquidación, no tiene fin. Los tribunales se han convertido en el escenario donde se dirime el cruce de demandas y en el que los fondos de inversión oportunistas están al ataque y el Estado y los accionistas, peleados entre sí, se defienden. Los inversores financieros compraron los derechos de crédito de estos activos a la banca con importantes descuentos. Lo hicieron pensando en el potencial margen de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una figura conocida pero nunca empleada antes de la quiebra de estas vías de pago. En juego, pleitos de cientos de millones de euros que siguen teniendo eco en las cuentas de los mayores grupos de infraestructuras del país. El último gran enfrentamiento se ha dirimido en un juzgado de primera instancia de Madrid, donde ACS, Abertis, Acciona y Globalvia, accionistas de la autopista Henarsa entre Madrid y Guadalajara, se han defendido contra una demanda de los fondos de deuda que reclaman 551 millones de euros por las garantías que en su día se firmaron por los socios del proyecto. La cantidad resulta, según los inversores, de la compensación de sobrecostes en la obra y de los pagos por expropiaciones. Las empresas se han librado de esta factura, al menos, en este primer escalón de la justicia. El tribunal, aunque reconoce esas garantías de accionistas, no ve obligación en la compensación al estar el activo en concurso. Los tribunales superiores tendrán que pronunciarse nuevamente, ya que la sentencia se va a apelar. Ha habido poca voluntad de entendimiento entre Gobierno, promotores y financiadores. Se presentaron soluciones que reducían sensiblemente el agujero. Era necesario que las tres partes asumiesen su parte de las pérdidas, pero no hubo acuerdo. Ahora, en el terreno judicial, ya no hay más alternativa que el dictado de los jueces. ayudas estatales a otros competidores y litiga contra estas en los tribunales. La eficiencia y la operativa de bajo coste, sumadas al buen posicionamiento de la aerolínea en el corto y medio radio, cuya recuperación ha sido más rápida tras la pandemia, le han permitido volver al beneficio y reducir de manera muy drástica la deuda. En el trimestre, alcanzó un récord de pasajeros de 45,5 millones y se encamina a batir su marca anual y llegar a 165 millones en el ejercicio fiscal. Es una buena noticia en la medida en que Ryanair es uno de los operadores clave en los aeropuertos españoles y canaliza una porción significativa del turismo que llega al país. El próximo desafío para la aerolínea se encuentra ahora en el precio de los combustibles, que se han disparado un 30% en su matriz de costes pese a que tiene ya contratado el 80% del carburante que usará este ejercicio fiscal. Estas presiones ya le están obligando subir las tarifas en tasas superiores al 10%, por encima de la inflación, dada su exposición a los productos energéticos.