La prudencia en el gasto autonómico

Las comunidades autónomas van a contar para sus cuentas de 2023 con un récord de financiación de 134.336 millones de euros, un 24% más que en el ejercicio anterior, y un mayor margen para incurrir en déficit. Bien está que las autonomías dispongan de fondos para que la sanidad y la educación sean lo más eficientes posible, pero hay varios problemas que se pueden derivar de estas cifras. El primero, que 2023 será año electoral en buena parte de las autonomías y la tentación para destinar el gasto a otro tipo de partidas va a ser muy fuerte en un momento de severas advertencias sobre la salud económica global. Además, se puede dar el caso de que, como señalan diversos analistas públicos y privados, el crecimiento del próximo año sea inferior a lo previsto por el Gobierno y la recaudación no sea tan potente como se espera. Eso debería obligar a futuros ajustes. Por otro lado, dado que las entregas a cuenta y la liquidación de años anteriores iba a suponer un incremento tan notable, no se acaba de entender que se relajen las recomendaciones de déficit. En teoría el próximo año deberían volver los objetivos de estabilidad y la situación de la deuda pública española, que asciende al 117% del PIB en un entorno de cambio en las políticas monetarias, debe ser tenida en cuenta. De momento, las comunidades siguen sin estar ceñidas por objetivos claros de los mecanismos de estabilidad presupuestaria, han recibido en estos años importantes inyecciones y se les ha quitado buena parte de los corsés para que mantengan el gasto en orden. Por eso sería conveniente que la senda marcada sea la de la prudencia.