El Gobierno se compromete a desjudicializar el ‘procés’
MESA DEL DIÁLOGO/ Moncloa y el Govern también acuerdan blindar el catalán en las aulas y promover su uso en el Parlamento Europeo y el Senado.
de financiación similar al Fondo Covid, pero en este caso para hacer frente a los estragos causados por la inflación, que en junio de este año ha alcanzado un 10,2% interanual. Además, hubo críticas, también desde el bando socialista, a la diferencia entre la tasa de referencia para el déficit de las comunidades, del 0,3, y la del estado, situada en el 3,2%.
Impuesto a los residuos
Montero detalló que otro de los puntos del día fue la cesión a las comunidades autónomas de un impuesto sobre el depósito de residuos que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Actualmente, algunas regiones cuentan ya con una figura impositiva muy similar, por lo que el Gobierno acordó con los consejeros “flexibilidad” en esta cesión. Frente a las “prisas” de aquellas regiones que cuentan con un impuesto similar, la menor prioridad que supone para otros territorios, por lo que su implantación será paulatina.
La tercera mesa del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat celebrada ayer dejó como resultado dos vías de trabajo: la desjudicialización del procés y el blindaje del uso catalán. No son grandes avances en la estrategia de acercamiento planteada por Pedro Sánchez y Pere Aragonès, pero sí suficientes para que ambos Ejecutivos se puedan ir de vacaciones con su relato político y la mayoría en el Congreso intactos después del traspiés de hace unos meses con el caso Pegasus.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el primer en comparecer tras la reunión. Bolaños detalló que gracias a estos dos acuerdos se abandonan los “monólogos” y se abraza el diálogo como forma de hacer política, renunciando a acciones “que saquen la política fuera del juego democrático”.
Por su parte, la consejera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, afirmó que la desjudicialización es “paso previo imprescindible” para afrontar la “resolución del conflicto político en Cataluña”, si bien advirtió de que mientras no se reconozca el derecho a la autodeterminación esa resolución seguirá estando “lejos”.
Bolaños enfatizó que la desjudialización se solventará dentro del ordenamiento jurídico vigente y apuntó que la eventual mejora del marco normativo “se debe producir mediante mecanismos ya establecidos”, además de que los acuerdos deben ser con mayorías “grandes”. En este sentido, el ministro evitó entrar en el detalle de si se reformarán los delitos de sedición y rebelión.
Donde sí fue más concreto fue en el blindaje del catalán. El alto cargo del Gobierno valoró positivamente la ley sobre la protección de la lengua catalana aprobada por el Parlament “con un 80% de consenso” y señaló que el Ejecutivo aprueba que cada centro educativo tenga autonomía para fomentar la lengua que considere que se debe reforzar. “Fortaleceremos la lengua catalana centrada en derechos y libertades del alumnado y el pleno dominio oral y escrito de todos los estudiantes”, recalcó.
La nueva ley del uso del catalán en las aulas ha permitido a la Generalitat evitar el cummecanismo plimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que exige un mínimo del 25% de las clases en castellano. Tras la aprobación del nuevo texto, el propio tribunal señaló a principios de este mes que ve “vicios de inconstitucionalidad” en la ley y anunció que presentaría una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, el Gobierno impulsará un cambio en el reglamento del Senado para habilitar el derecho de los parlamentarios a expresarse lenguas cooficiales, así como pedir a la Eurocámara que el catalán sea considerado como lengua de pleno uso. Bolaños también citó el compromiso del Ejecutivo en fomentar la presencia de representantes del Govern en todos aquellos foros internacionales centrados en materia lingüística.
En esta línea, el documento aprobado señala que “el Gobierno de España promoverá, durante la presente legislatura, las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en la administración periférica del Estado”. Se refiere a las oficinas y los servicios de la administración del Estado en Cataluña, como la Agencia Tributaria y la Policía Nacional entre otros, según precisan fuentes de Moncloa, informa Europa Press.
Bolaños enfatiza que la resolución de las causas judiciales se solventará dentro del ordenamiento jurídico