Sánchez improvisa de nuevo con la energía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio ayer otro giro inesperado a su política frente a la crisis energética. Lo hizo al anunciar la rebaja del tipo del IVA en la factura del gas del 21% al 5% desde octubre. Una medida que horas antes había desdeñado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en respuesta a la enésima petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para que nuestro país siguiera los pasos de Alemania, Italia o Bélgica. Es evidente que la maniobra de Sánchez busca desarmar a Feijóo de cara al debate del martes en el Senado sobre las medidas para hacer frente al descontrolado coste de la energía. Algo similar sucedió con la rebaja del IVA de la electricidad al 5%, anunciada con pompa por el presidente a final de junio sólo unos días después de que fuera rechazada por varios miembros del Ejecutivo como una medida “cosmética” cuando la reclamaba la oposición para aprovechar el margen fiscal derivado del gran aumento de la recaudación por la espiral de precios. El coste de la nueva rebaja fiscal será limitado para las arcas públicas, unos 190 millones, así como el ahorro medio para los consumidores: 8 euros al mes para los clientes con tarifa regulada y 19 euros para los del mercado libre.
Aunque no reconocida en público, esta autoenmienda de Sánchez –PSOE, Podemos y sus socios votaron en mayo contra una propuesta similar del PP en el Congreso– deja en evidencia la insuficiencia de las medidas desplegadas hasta el momento para compensar el golpe inflacionista que sufren las familias y empresas en España, mucho más intenso que en el resto de las grandes economías europeas. La política energética no puede ser un cúmulo de improvisaciones, rectificaciones o enmiendas a las decisiones adoptadas anteriormente. Requiere una adecuada planificación a medio plazo y, como garantía de estabilidad, debería ser adoptada por consenso con el principal partido de la oposición, que ha planteado medidas constructivas en esta materia. Más aún en el actual contexto de prolongadas distorsiones en los mercados mayoristas de energía como consecuencia de la invasión de Ucrania y el chantaje de Rusia a los países europeos con el suministro de gas. La inseguridad jurídica y el exceso de intervención pública son dos de los males endémicos del sistema eléctrico nacional, que han derivado en caos tarifario y una enorme litigiosidad con empresas e inversores. De ahí la necesidad de un pacto de Estado que inspire confianza a los agentes económicos ante una crisis energética que amenaza con cronificarse y generar un coste muy alto para nuestro país.
El consenso con la oposición en materia de energía es más necesario que nunca en la crisis actual