Aragonès no bajará impuestos y carga contra las autonomías del PP
CATALUÑA/ La guerra entre Junts y ERC se recrudece. Los republicanos cargan contra el “populismo” de sus socios y los neoconvergentes piden a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza.
La Generalitat catalana mantendrá su política fiscal, por lo que no se sumará a las rebajas impositivas que varias autonomías están impulsando. Se trata de Andalucía, Galicia y Murcia y, desde ayer, la Generalitat Valenciana.
Aragonès cargó contra las autonomías del PP, y especialmente contra Madrid, a quienes acusó de practicar un “juego salvaje” al que Cataluña no se sumará. Así lo señaló en el Parlament, que acogió la primera jornada del Debate de Política General, que evidenció que las relaciones entre ERC, sus socios de Junts y los antisistema de la CUP son más que distantes.
El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, admitió explícitamente que ERC está “incumpliendo” el acuerdo de legislatura. Si no rectifica en los próximos días, le pedirá someterse a una cuestión de confianza. Los republicanos respondieron con críticas hacia el “populismo” de sus socios por poner en peligro la legislatura.
Aragonès intentó contentar a sus aliados planteando un ultimátum al Gobierno del PSOE. Le exigió aprobar en las Cortes una ley de claridad como la de Canadá, en la que se establecezcan las condiciones que permitan celebrar un referéndum de autodeterminación acordado con el Estado. El Ejecutivo central vio fuera de lugar su propuesta, y la CUP y Junts también la cuestionaron, aunque por insuficiente. Sobre la cuestión fiscal, Aragonès aseguró que la Generalitat tiene “las manos atadas”, por lo que no tiene margen de maniobra para rebajar impuestos. En cualquier caso, no es su voluntad: “El modelo de Cataluña no son ni los impuestos bajos a los ricos, ni los servicios deficientes, ni los grandes recortes, ni la economía especulativa ni liderar las desigualdades”, afirmó sobre Madrid.
Aragonès acusó a las autonomías que revisan a la baja sus tributos de fomentar la “confrontación territorial”, de practicar “dumping fiscal” y de beneficiarse de la capitalidad o de un modelo de financiación “caduco”.
En este punto, el líder de la oposición, Salvador Illa (PSC) exigió a Aragonès dejar de quejarse y liderar las negociaciones para acordar un nuevo sistema, como Cataluña había hecho en el pasado. Cs, PP y Vox fueron más allá, y le reprocharon gastos “superfluos” como su red de oficinas en el exterior –que cuesta 12 millones de euros este año– o los 300,6 millones que este año gestiona la radiotelevisión catalana, que es la autonómica con más presupuesto.
Aragonès insistió en sus argumentos y citó el último estudio de la Generalitat que asegura que la diferencia entre lo que el Estado ingresa en Cataluña y su gasto en la comunidad se sitúa en el 8,5% del PIB. Es el denominado déficit fiscal.
De la intervención del president, se desprende que en los Presupuestos de 2023 serán continuistas en materia fiscal. En 2021, el Govern ingresó casi 300 millones de euros por las 15 tributos propios que ha aprobado. Cataluña es la comunidad con más figuras y recargos de este tipo, y el Govern se comprometió a extenderlos a los alimentos ultraprocesados y a las emisiones de barcos y gran industria.
ERC pide ahora una ley de claridad como la de Canadá y Junts explicita su alejamiento