Los funcionarios piden hoy a Hacienda compensar una pérdida salarial del 17%
MESA DE FUNCIÓN PÚBLICA/ Los empleados públicos reclamarán hoy a Montero una senda de subidas de sueldo a varios años que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década.
Los trabajos preparatorios del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 llegan hoy a un punto culminante con la apertura oficial de la negociación sobre la subida salarial de los funcionarios, partida clave del gasto. Los empleados públicos llegan a la cita empoderados por la manifestación que cortó el centro de Madrid el pasado sábado para reclamar a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que impulse una subida de sueldos retroactiva desde el 1 de enero de 2022 y una senda de incrementos para los próximos años que permita al colectivo recuperar una pérdida de poder adquisitivo del 17% en la última década. El Gobierno, que busca sentar ejemplo para un pacto de moderación de rentas privado que contenga la inflación, podría abrirse a un pacto plurianual, pero parte de cifras más moderadas.
Bajo estas posiciones ha sido convocada para hoy la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, a la que tradicionalmente el Gobierno acude con el deflactor del PIB como referencia. La cifra, que permite restar a la inflación el componente importado desde el exterior, ronda actualmente el 3%, según Economía, y está previsto que se sitúe en el 3% en 2023, según el cuadro macroeconómico del Gobierno. La cifra podría servir de punto de partida para la negociación y permitiría al Ejecutivo cumplir el compromiso sellado con Bruselas en el Programa de Estabilidad de primavera, que detalló que en el caso de los funcionarios, “a partir de 2023, los salarios incorporan una tendencia en línea con la evolución de precios prevista”.
Sin embargo, con la inflación creciendo a doble dígito y tras años de congelación y moderación a las espaldas, la cifra no parece suficiente para contentar a los funcionarios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ya organizó una manifestación el pasado sábado en Madrid para reclamar “una subida salarial justa”, que calcula congregó a unas 70.000 personas de todo el país (una cifra que la Delegación de gobierno rebajó a 17.000 asistentes). Antes de la movilización, su presidente, Miguel Borra, avanzó las peticiones de la central de cara a la negociación con Hacienda. El sindicato reclama, en primer lugar, “una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo” desde el 1 de enero, “para recuperar el poder adquisitivo perdido este año”, como hizo Francia en julio. Teniendo en cuenta que el alza de sueldos públicos incluida en el Presupuesto de este año fue del 2%, solo esta petición obligaría al Gobierno a hacer un fuerte desembolso extraordinario (unos 1.500 millones de euros por cada punto extra).
A partir de ahí, CSIF acude a la cita aspirando a cerrar “un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra mermado desde 2010, y que este año ascenderá al 20%”.
El cálculo parte del recorte del 5% sobre la masa salarial de la función pública aprobado en 2010, tras la crisis financiera, al que le siguieron cinco años de congelación salarial, y avances de entre el 1% y el 2,5% después. En paralelo, esgrime CSIF, el IPC deja un avance acumulado de 12 puntos de 2010 a 2020 frente al incremento neto de 4,15 puntos en los sueldos públicos, lo que les deja con casi 8 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Teniendo en cuenta que el último dato del IPC, de agosto, arroja un crecimiento interanual de la inflación del 10,5% frente al incremento del 2% sobre los sueldos de este año, la central reclama una compensación total por los 16,85% puntos de poder adquisitivo perdidos (ver gráfico). El cálculo, en todo caso, habría que hacerlo con la inflación media del año, que el Banco de España sitúa en un 7,2% (que prevé revisar al alza), lo que reduciría la pérdida acumulada a 13,55 puntos (5,2 este año).
El Gobierno, que de momento se ha limitado a intercambiar documentación con el colectivo, no ha planteado una subida concreta aún, si bien ha anticipado que busca utilizar la negociación con los funcionarios para dar ejemplo al pacto de moderación de rentas que pide a patronal y sindicatos. Un planteamiento que abre la puerta a negociar una senda plurianual, si bien con un margen estrecho, dado que el Ejecutivo agota la legislatura en 2023.
De fondo, la negociación colectiva privada arroja alzas salariales en convenio del 2,6% a septiembre, pero los sindicatos de sectores como la gran distribución también solicitan ya alzas cercanas al 20% en cuatro años, en la línea de lo ambicionado por CSIF para los funcionarios. Está por ver ahora si Montero se alinea más con la llamada a la moderación salarial que viene haciendo la vicepresidenta primera y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, o con la pugna por alzas salariales que neutralicen la inflación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.