Estado de Bienestar o Estado de malgastar

El argumento más falaz entre los utilizados por el Gobierno para criticar las rebajas de los ejecutivos autonómicos del PP en el Impuesto del Patrimonio es que ponen en riesgo el Estado de Bienestar. Esto no se sostiene porque, primero, la recaudación por este gravamen es muy baja comparado con el enorme nivel de gasto social en España. Segundo, porque esa tesis obvia el probado efecto dinamizador de las bonificaciones fiscales sobre la actividad económica y, por tanto, en la recaudación de otros tributos. Y, tercero, porque minimiza el impacto de estos anuncios a la hora de que determinados patrimonios y rentas altas, no sólo españoles, decidan dónde fijar su residencia. Una fiscalidad atractiva para todos los contribuyentes acaba redundando en beneficio de la sociedad. Pero, claro, estamos ya inmersos en la carrera electoral hasta mayo y es más fácil plantear un debate fiscal de trazo grueso, en el que “los ricos” son los malos que no pagan suficientes impuestos y el Gobierno de la gente va a obligarles a que aporten aún más a las arcas públicas para luego repartir esos recursos a su criterio. A sólo unos meses de las elecciones. Está por ver a quiénes considera ricos el Ministerio de Hacienda –ya sabemos que si por Podemos fuera serían quienes ganen más de 60.000 euros– y qué recaudación espera obtener con el nuevo impuesto para las grandes fortunas. Pero ni de lejos se acercará a los ingresos extraordinarios que está teniendo el Estado por la recaudación del IVA y el IRPF tras no actualizar sus tarifas, como sí han hecho las comunidades gobernadas por el PP y ayer mismo anunció que hará el presidente socialista de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, en un curioso caso de súbita conversión fiscal que sólo se explica por urgencias demoscópicas. El mismo Puig había sostenido hasta ahora el argumentario reduccionista de Moncloa: que para sostener un Estado de Bienestar amplio es necesario tener una elevada presión fiscal, similar a la de los países europeos con los impuestos más altos. Pero la evidencia comparada demuestra que no es así. Hay países con baja presión fiscal y servicios públicos de calidad, como también hay Estados que gastan mucho pero prestan servicios deficientes y masificados. Tampoco hace falta poner el foco fuera de España. Basta revisar las estadísticas de ciertas regiones gobernadas durante décadas por el PSOE para comprobar que un gasto público cuantioso no garantiza el bienestar y el desarrollo social. Antes de plantear nuevas subidas de impuestos, más aún si se hacen por motivos ideológicos o, peor aún, electorales, habría que revisar la eficiencia de los abultados presupuestos que ejecutan cada año las diferentes administraciones. Los ejercicios de revisión del gasto público iniciados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cuando la dirigía el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dieron pistas de dónde acaba el dinero público en España, denunciando la falta de control en la concesión y utilización de subvenciones públicas, especialmente por parte de las comunidades autónomas, con el caso paradigmático de las llamadas políticas activas de empleo, que resultan en su mayoría ineficaces para conseguir que los parados consigan un puesto de trabajo, pero absorben presupuestos de miles de millones de euros. Por no hablar de los fondos dedicados a mantener redes clientelares, las multimillonarias inversiones en infraestructuras no rentables o en desuso, los históricos bajos niveles de ejecución de los fondos europeos, la duplicación de tareas entre administraciones, el exceso de altos cargos nombrados a dedo o la deficiente gestión del personal público. El Gobierno debería buscar ahí los recursos que dice necesitar para hacer frente a la crisis actual. De lo contrario, parecería que lo que quiere proteger no es el Estado de Bienestar, sino la (maldita) costumbre de malgastar.