Competencia fiscal y bienestar social
Las propuestas de rebaja de impuestos que han presentado los gobiernos de Andalucía y Galicia han convertido, de nuevo, en tema de debate la competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Como viene ocurriendo desde que empezaron las polémicas en torno a la política fiscal de Madrid, se han puesto sobre la mesa argumentos críticos con respecto tanto a la bajada de impuestos concretos como a la conveniencia misma de que las comunidades tengan competencias para diseñar, al menos parcialmente, sus propios tributos. Y me temo que tales argumentos son muy débiles, tanto desde el punto vista de la técnica fiscal como de la estructura política de un estado descentralizado.
Tachar la política económica de Madrid –ahora también de otras comunidades– de “dumping fiscal” es un disparate, que refleja que quienes usan esta expresión no entienden siquiera lo que significa el término dumping. Por otra parte, afirmar que Madrid, Andalucía o Galicia van a “perder” muchos millones por eliminar o reducir determinados tributos es absurdo. Ni Madrid ni las otras comunidades “pierden” nada. Si sube un impuesto “gana” el gobierno, ya que recauda más, y “pierden” los contribuyentes que ven reducida su renta disponible. Y, si ocurre lo contrario, el gobierno “pierde”, porque recauda menos, pero los contribuyentes ganan, porque crece su renta disponible. Es decir, el dinero que queda en el bolsillo de los contribuyentes no se “pierde”. Y me parece que la mayor parte de ellos piensan que está muy bien donde está.
Por si esto no fuera bastante, la guinda del pastel de las críticas la ponen las reflexiones de un ministro que dice que conviene “centralizar” los impuestos. Tal propuesta es perfectamente válida y defendible, sin duda; pero no desde un gobierno que habla de reforzar el federalismo en el país. ¿Cómo es posible estar a favor del federalismo y, al mismo tiempo, en contra? No hay que ser un experto en federalismo para saber que privar a las comunidades autónomas de su capacidad para regular sus impuestos en el marco de sus competencias sería una medida incompatible con la descentralización federal. Tal vez haya algún argumento oculto que se me escape; pero sigo sin entender que haya políticos que sostengan principios tan incoherentes como éstos sin que pase nada.
Dejando a un lado en qué grado es posible elevar la recaudación de un impuesto bajando los tipos de gravamen, tal como plantea la curva de Laffer, por ser una cuestión muy compleja que no tiene resultados siempre en el mismo sentido, el problema de fondo que se plantea en este debate es cómo afecta al nivel de bienestar de una sociedad una subida o una bajada de impuestos. Supongamos que la reducción de tipos de gravamen implique realmente menores ingresos para la Administración pública. ¿Significaría esto necesariamente un menor bienestar social como dicen los críticos de esta medida? La respuesta del análisis económico es, claramente, no. Podría suceder; pero podría perfectamente ocurrir lo contrario. Lo que nos dice la teoría económica es que los beneficios marginales que se obtienen de elevar el gasto público pueden ser muy altos para niveles bajos de gasto; pero son decrecientes a medida que éste aumenta. Por el contrario, los costes que soportan los contribuyentes al pagar impuestos son bajos con tipos reducidos; pero son crecientes a medida que la carga fiscal aumenta.
Punto óptimo de gasto
Por ello, en un análisis teórico, podríamos establecer el punto óptimo de gasto donde el beneficio marginal de una nueva unidad de gasto iguala al coste marginal de una nueva unidad de impuestos. Para niveles menores de gasto, un crecimiento de éste puede elevar el bienestar social; pero para niveles más altos de gasto, sucede lo contrario: más gasto supone menor bienestar social. Naturalmente resulta muy difícil encontrar en el mundo real ese punto óptimo. Pero este análisis nos sirve al menos para ser precavidos con respecto a los efectos del gasto sobre el bienestar. Si fuera cierta la idea de que subir los impuestos es bueno per se, ya que permite financiar más escuelas, hospitales, etc., el gasto público debería crecer sin límite y el máximo nivel de bienestar social se alcanzaría cuando el Estado dispusiera de todos los recursos del país; lo cual es evidentemente una conclusión disparatada.
Y una última idea. No se engañen con el argumento de que se trata de impuestos que pagan sólo los “ricos”. Aparte de que cada uno define el término “rico” según le conviene, la historia nos enseña que algunos tributos –por ejemplo, el impuesto sobre la renta– fueron diseñados inicialmente para que los pagaran los ricos... y al final los pagamos todos, incluso los trabajadores con salarios reducidos.
Hay un hecho cierto, en el que creo que todos –críticos y partidarios de la competencia fiscal– estamos de acuerdo: el federalismo limita el poder de los gobiernos que quieren subir los impuestos al ofrecer a los contribuyentes soluciones competitivas en otros lugares, que se ajustan mejor a sus intereses. Algunos piensan que esto debería evitarse; pero muchos estamos convencidos de que tiene grandes ventajas... y no sólo para los contribuyentes de las comunidades que reducen sus impuestos. Si yo residiera en Cataluña o Valencia, sería un firme defensor de las rebajas fiscales de Madrid... por mi propio interés.
¿Cómo es posible estar a favor del federalismo y, al mismo tiempo, en contra?