La crisis alimenta la divergencia entre la política fiscal y la monetaria
La política sobre los impuestos se ha convertido, no solo en España, en un caballo de batalla entre aquellos que consideran que la mejor salida de la crisis es aumentarlos para luego redistribuir lo recaudado y quienes entienden que lo prioritario ahora es devolver parte de la renta disponible perdida por la inflación directamente a los afectados. Pero no es solo eso. De alguna forma, parece iniciarse una pelea entre los gobiernos y los bancos centrales que provoca, por primera vez en años, un desajuste entre las políticas fiscales y las monetarias.
El nuevo Gobierno de Reino Unido ha apretado el acelerador en la carrera por reducir impuestos, hasta el punto de que las previsiones de déficit público se han disparado y la libra pasa por sus peores momentos de hace muchos años, provocando que los inversores desconfíen del camino emprendido y consideren que la inflación seguirá galopando en esas tierras a medida que se trata de cebar la demanda interna. Que el Banco de Inglaterra subirá más los tipos de interés no lo duda nadie.
En España, mientras algunas comunidades autónomas, incluido el País Vasco, que a veces se olvida, han decidido bien reducir o eliminar el impuesto sobre el Patrimonio, bien deflactar el IRPF en algunos de sus tramos inferiores, el Gobierno central apuesta por no hacer esto último, sino que elevará la parte que los ciudadanos pagan al fisco por sus rendimientos de capital a partir de una cierta cifra, al tiempo que diseña un impuesto sobre la riqueza que ayude a aumentar la recaudación y, además, sirva de contrapeso a aquellos que, teniendo cierto patrimonio, no tributen por él al residir en algunas comunidades autónomas que lo tienen bonificado al 100%.
Parece claro que la política fiscal va a ser un elemento sustantivo en los meses que aún faltan para que se celebren las elecciones municipales en todo el territorio y las autonómicas en algunas regiones.
Mayor distancia
Con ser importante el hecho de que la carga impositiva dependa de dónde resida una persona, lo que viene a mostrar una nueva diferenciación entre unos ciudadanos y otros, también es significativa la distancia creciente que se observa entre los gobiernos y los bancos centrales que, al menos desde el inicio de la pandemia, habían caminado en paralelo, tratando de evitar, de forma coordinada, los peores efectos de la crisis y de la paralización económica.
La inflación ha tenido la culpa de esta disociación. Para tratar de paliar los efectos perniciosos de esta –la reducción de la renta real de las familias y la elevación de los costes de producción en las empresas, con el posible estrechamiento de márgenes–, en España se decidió subvencionar el consumo de carburantes y reducir el IVA de la factura eléctrica, y ahora también del gas. Se optó por extender esas medidas a todos los ciudadanos y a todas las empresas, independientemente del efecto concreto que esas facturas tuvieran sobre ellos.
La fórmula del ‘café para todos’ fue la elegida y ha sido desde el principio, aunque con cierta flexibilidad, puesta en duda por las autoridades monetarias, por entender que medidas tan generales, aunque pueden ayudar a los perjudicados, también tienen efectos perniciosos porque pueden favorecer un aumento de la demanda.
Por eso, siempre han sido más partidarios de poner el énfasis en las familias y empresas más vulnerables y aprovechar los incrementos de recaudación para canalizar esas ayudas y tratar de que el desequilibrio público no se dispare en exceso, habida cuenta los elevados niveles de deuda pública y de déficits.
Endurecimiento
Tanto es así, que desde las más ortodoxas instituciones internacionales se ha preconizado desde hace muchos meses, y en los últimos tiempos aún más, que los gobiernos deberían aumentar los impuestos a aquellos que tienen una mejor posición y a las empresas que, por las razones que sean, están obteniendo un fuerte crecimiento de sus beneficios por la coyuntura actual.
El objetivo de estos llamamientos parece claro: que la política fiscal deje de ser tan expansiva como lo ha sido hasta hace pocos meses y se alinee con la monetaria, que se está endureciendo a una considerable velocidad, para tratar de controlar la inflación lo antes posible. O, por lo menos, que no se alimente desde las haciendas.
Tanto la presidenta del BCE, Christine Lagarde, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han reiterado estos días este mensaje de contención fiscal, dejando traslucir que, de no hacerlo, lo que ocurrirá es que el BCE tendrá que subir aún más los tipos de interés de lo que ya lo ha hecho y piensa que debería hacer.
Por ahora, la discrepancia se manifiesta exclusivamente a través de declaraciones públicas, en las que se advierte de lo que puede pasar si las divergencias aumentan de forma considerable. Pero conviene recordar que el BCE ha puesto en marcha un instrumento para evitar la fragmentación del euro (el conocido como TPI), siempre y cuando una mayor separación entre el bono alemán y los demás bonos soberanos “no se deba a los fundamentales económicos” de cada país, en cuyo caso el BCE no tiene pensado intervenir para corregir posibles elevaciones de las primas de riesgo nacionales.
El BCE insiste en la necesidad de subir impuestos para combatir la inflación lo antes posible
El banco central tendrá que subir más de lo previsto los tipos de interés si no hay contención fiscal en los países