Las CCAA del PP defenderán “hasta el final” sus competencias frente a la ‘invasión’ del Gobierno
ponible puede resultar inconstitucional, contrario al principio de capacidad económica, y seguramente también se vulnera el principio de reserva de ley para la determinación base imponible”, explica el fiscalista Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, que tiene varios casos impugnados en su despacho. A su juicio, el sistema “va a crear distorsiones en el mercado inmobiliario”, y avisa que “los compradores pedirán rebajas del precio porque de entrada tendrán que pagar más por comprar”.
La situación afecta también al cálculo de la base imponible del Patrimonio y del nuevo impuesto a las grandes fortunas que anunció la semana pasada el Ministerio de Hacienda. El VRM se tiene cuenta como base imponible para el Impuesto de Patrimonio, pero solo para inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2022. Para esa adquisición se ha tenido que tributar sobre el VRM en Transmisiones o en Sucesiones y Donaciones. Es decir, para inmuebles adquiridos antes de este año se sigue tomando para Patrimonio –y supuestamente también para el nuevo “impuesto de solidaridad”– el mayor valor entre el catastral, el precio de compra o herencia, o si Hacienda revisó el valor, el valor comprobado si no se impugna.
El PP ve en el impuesto a las grandes fortunas anunciado por el Gobierno una invasión de las competencias de las comunidades autónomas y ayer lanzó un mensaje nítido al Ejecutivo: las regiones gobernadas por los populares “van a defender hasta el final” esas competencias “para que no se les exija a sus ciudadanos impuestos por encima de lo que habían planteado”. Así lo aseguró ayer el vicesecretario de
Economía del PP, Juan Bravo, quien añadió que “cuando no hacen lo que te gusta, lo que no puedes hacer es invadir competencias”, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez y a su ‘improvisada’ reforma fiscal, que se conoció pocos días después de que Andalucía aprobara bonificar al 100% el Impuesto de Patrimonio y algunas autonomías socialistas se sumaran a las rebajas de impuestos. “El Gobierno ha improvisado en 48 horas un efecto acción-reacción a las propuestas de Juanma Moreno (presidente andaluz) y a las de Ximo Puig (mandatario valenciano), que ampliaba la deflactación hasta los 60.000 euros”, afirmó Bravo, quien recordó que, además de las regiones populares, han sido varias las CCAA gobernadas por el PSOE y Podemos las que se han sumado a los recortes fiscales, “como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura y Aragón, así como el País Vasco con el apoyo del PSE”.
El responsable del equipo económico del PP señaló que esperará a conocer la redacción definitiva del nuevo impuesto, del que hasta ahora solo ha trascendido lo anticipado en rueda de prensa, para tomar una decisión sobre un recurso de inconstitucionalidad.
Bravo criticó que en el apartado de rebajas fiscales, el Gobierno “castiga a las clases medias, ya que solo llega a los 21.000 euros” y, además, “no se aplica este año”. Según el vicesecretario de Economía de los populares, “aquellos que ganan 1.500 euros no son ricos y, sin embargo, están fuera de lo que plantea el Ejecutivo”, añadiendo que “si alguien gana menos de 14.000 euros, se le dan 200 euros; si gana entre 14.000 y 21.000 euros, 740 euros. Parece poco progresivo”.