Sánchez y Díaz disparan el gasto social a su máximo histórico en el año electoral
CONSEJO DE MINISTROS/ El Gobierno plantea un alza del 11% en gasto social, con medidas de apoyo a pensionistas, funcionarios, familias, rentas bajas, autónomos o pymes, en las cuentas de un año marcado por comicios locales, autonómicos y generales.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 pactado por los socios de coalición en la madrugada anterior. Las cuentas públicas planteadas, las terceras promovidas por el Ejecutivo que forman PSOE y Podemos, permitirían al Gobierno encarar su último año de legislatura, plagado de citas electorales de primer nivel, promoviendo un nuevo récord del gasto social pese a constatar en paralelo una ralentización del crecimiento económico. El proyecto incluye medidas de apoyo a los mayores colectivos del país: pensionistas, funcionarios, familias, rentas bajas, pymes o autónomos. De hecho, seis de cada 10 euros de todo el Presupuesto irán destinados a sufragar los 266.719 millones de euros dedicados a gasto social, un 10, 96% más que en las cuentas de 2022 y un incremento del 35,4% frente a las de 2018, las últimas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es más, sumando los fondos europeos la cuantía se eleva a 274.445 millones.
“Respondemos a lo urgente sin perder de vista lo importante”, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendiendo que el proyecto se basa en 4 pilares: “prudencia, responsabilidad fiscal, justicia social, modernización y eficiencia económica”. “El objetivo prioritario” de las nuevas cuentas, agregó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, “es acompañar a la sociedad española para afrontar un momento de incertidumbre provocado por la guerra en Ucrania” con el foco “fortalecer a la clase media y trabajadora”.
El acuerdo fue sellado oficialmente en torno a las 01:00 de la madrugada de ayer y cristalizó a primera hora en un encuentro en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que trató hasta última hora de ampliar el paquete social. Pese a algunas concesiones de última hora, lo cierto es que no hubo grandes cambios como demostró el hecho de que la ministra de Hacienda compareciera ya con una copia del Libro Amarillo que contiene el detalle de los Presupuestos.
Las cuentas parten de un techo de gasto inédito, de 198.221 millones de euros (un 1,1% más que en 2022) e incluyen el anticipo vía deuda de 25.156 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación y una transferencia extraordinaria a la Seguridad Social de 19.888 millones (un 8,1% más). A partir de ahí, Calviño revisó ayer a la baja el cuadro de previsiones macroeconómicas del Gobierno, rebajando el crecimiento del PIB esperado para 2023 del 2,7% al 2,1%, y apostó por un “prudente” avance del 4,4% en 2022 que implicaría que la actividad no crecerá más en lo que resta de año. Para 2023, la previsión es que el deflactor del PIB se modere del 4% al 3,8%; el consumo privado apenas avance del 1,2% al 1,3%; el público crezca un 0,4%; y el empleo se desacelere, pasando de avanzar un 2,9% a un 0,6% hasta dejar el paro en el 12,2%.
Ante este panorama, Montero destacó que el capítulo de inversiones reales supera por primera vez los 10.000 millones, un aumento del 33% frente a 2022. Sin embargo, la ministra no escondió que el gran protagonista del Presupuesto es el gasto social, con medidas que beneficiarán directamente a más de 17 millones de ciudadanos en un año marcado por comicios autonómicos y locales en mayo y elecciones generales previstas en torno a diciembre.
La medida estrella de este capítulo es la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas con el IPC medio anual a noviembre, que el Gobierno estima en el 8,5%, como establece por ley la reforma de las pensiones, que beneficiará a más de 10 millones de pensionistas.
El proyecto presupuestario también aumenta el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la misma cuantía que las pensiones para 1,2 millones de beneficiarios y eleva Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) de 579 a 600 euros mensuales. Además, las cuentas aumentan en 102 millones el bono social térmico, que protege a 1,2 millones de hogares, y prorroga la ayuda de 250 euros al alquiler de vivienda para 66.000 jóvenes por 200 millones.
En paralelo, Hacienda selló el lunes con CCOO y UGT –y el rechazo del sindicato mayoritario CSIF– una senda de incrementos salariales para 2,7 millones de empleados públicos que eleva su retribución al 3,5% este año –frente al 2% inicial–, la aumenta un 2,5% en 2023 (y hasta un 1 más en función de PIB e IPC) y otro 2% en 2024 (más 0,5 puntos vinculados a la inflación), lo que arroja una senda de incremento del 8% al 9,5% en el periodo. El gasto en personal, sumando nuevas incorporaciones, crece un 6,6%.
De entre las concesiones logradas por Podemos a última hora está la incorporación de fondos para dotar la
Hay medidas específicas para beneficiar a más de 17 millones de ciudadanos
La factura social, que acapara 6 de cada 10 euros de las cuentas, supera en un 35% a la de la etapa Rajoy
ley de familias promovida la ministra de Derechos Sociales y líder del partido, Ione Belarra. El Presupuesto sufragará la ampliación del cheque de crianza de 100 euros al mes para madres con hijos de 0 a 3 años (hasta ahora solo para trabajadoras); asimilará las familias monomarentales con dos hijos a familia numerosa, y nuevos permisos de conciliación. Además, Díaz revierte el recorte de la prestación por desempleo impulsado en su día por el PP para volver a incrementarla del 50% al 60% de la base reguladora a partir de los seis meses de paro, beneficiando a 300.000 personas.
Las cuentas también mejoran la dotación de Dependencia (con 620 millones más); Sanidad (que crece un 6,7%, con 500 millones para reforzar atención primaria y mental); políticas de juventud (hasta 12.741 millones); y Educación (un 6,6% más, con 400 millones más en becas).
Finalmente, Montero anunció que el Presupuesto extenderá la gratuidad de Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia a todo 2023, por 700 millones, para dos millones de abonados.
A su vez, la reforma fiscal anunciada implica rebajas de 1.881 millones en IRPF a rentas de hasta 21.000 euros; de 600 millones para autónomos; 292 para pymes, y 24 millones al reducir del 10% al 4% el tipo de IVA en productos de higiene femenina en dos años. En paralelo, se busca recaudar 5.650 millones más de grupos empresariales, grandes fortunas e inversores.
El drástico empeoramiento de las perspectivas económicas para el año que viene debería haber llevado al Gobierno de PSOE y Podemos a plantear unos Presupuestos austeros y responsables. Sin embargo, ambos partidos han optado por primar sus urgencias electorales, elaborando unas Cuentas que disparan el gasto social a un nuevo máximo histórico –seis de cada diez euros– con medidas temerarias como el aumento del gasto en pensiones en un 8,5% o la subida de los salarios públicos de hasta un 3,5% el próximo ejercicio. Pese a prever que la recaudación crecerá un 6% sobre el récord alcanzado este año por la fortísima inflación, gracias en parte a las nuevas subidas de impuestos, Hacienda mantiene inalterados los objetivos de reducción del déficit y la deuda pública en vez de atender a las peticiones de las autoridades europeas de acelerar la senda de consolidación fiscal en un momento de gran incertidumbre y cuando los mercados observan con lupa a los países más endeudados.
Sello populista. El marcado sello populista del proyecto presupuestario acordado por PSOE y Podemos se refleja también en el incremento de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes de inactividad, revirtiendo así una medida impuesta por Bruselas en la anterior crisis para incentivar la búsqueda activa de un puesto de trabajo. Pero las previsiones actualizadas del Gobierno apuntan a un estancamiento del empleo en 2023, que apenas crecerá un 0,6%, lo que mantendrá la tasa de paro aún por encima del 12%, el doble de la media europea, a finales del próximo ejercicio. El inventario de dádivas de Sánchez incluirá, además, la generalización a todas las madres de la ayuda de 100 euros mensuales que hasta ahora sólo percibían las que trabajaban fuera del hogar, así como la extensión de la gratuidad de los bonos de cercanías para fomentar el uso del transporte público. Sin embargo, las Cuentas no incluyen el coste que supondría prorrogar el próximo año medidas como la subvención a los carburantes o las rebajas del IVA a la electricidad y el gas en caso de que se prolongue la crisis inflacionaria, como han adelantado varios ministros en las últimas semanas. Lo cual deja en el aire un más que potencial incremento del gasto público en al menos 14.000 millones de euros.
PSOE y Podemos priman sus urgencias electorales sobre el necesario ajuste del déficit y la deuda
Empuje inversor. El otro hito presupuestario será el fuerte aumento de la inversión pública en un 33%, hasta el máximo de 11.800 millones de euros, gracias a la suma de los fondos europeos para la recuperación, aunque para ello el principal reto será lograr desatascar el cuello de botella burocrático que ha frenado su ejecución hasta ahora. Por otro lado, el gasto en Defensa experimentará un avance inédito del 26% para cumplir el compromiso con la OTAN de incrementar progresivamente el presupuesto militar, si bien Hacienda ha debido orientarlo hacia contratos con la industria que generarán empleo para salvar las reticencias infantiloides de Podemos a mejorar esta partida en pleno desafío de Rusia a Occidente. Pero incluso con este empuje público a la inversión, el Gobierno asume que la actividad económica crecerá un 2,1%, algo menos de la mitad del 4,4% previsto ahora para este año.
Hacienda no incluye el coste de prorrogar en 2023 la mayoría de las ayudas contra la espiral de precios
Rigor necesario. Precisamente por ello, los empresarios reclaman a Pedro Sánchez que tome decisiones con rigor y sin populismos para no crear nuevas barreras competitivas ni minar la confianza inversora en un contexto de gran inestabilidad por las consecuencias del prolongado conflicto en Ucrania. Los cambios en el Impuesto sobre Sociedades para adelantar la recaudación, la nueva tasa a las grandes fortunas o el aumento del tipo máximo a las rentas del capital han extendido la inquietud entre el empresariado, que teme otras iniciativas como una nueva subida del salario mínimo. El Gobierno debe enviar un mensaje más claro a los sindicatos sobre la necesidad de cerrar cuanto antes un pacto de rentas que contemple una evolución razonable de los salarios para evitar que se generen en 2023 los temidos efectos de segunda ronda.