Presupuesto electoral de un Gobierno agotado
España no puede permitirse estos presupuestos, que sólo ahondarán en el deterioro de la economía, que perjudican a los más débiles, al negarse a bajar impuestos ahora, con un duro ataque a la clase media, al ahorro y a la inversión, que son los que generan actividad y puestos de trabajo.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que ha presentado el Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas es un presupuesto electoralista, donde un Gobierno desesperado y agotado trata de incluir distintas medidas que generan asombro, son contraproducentes para la economía y se olvidan de la más mínima ortodoxia presupuestaria, pues incrementan el gasto, desde el nivel ya muy elevado del que partían, sobre la base de unos ingresos que no siempre van a poder mantener este nivel de recaudación extraordinario de ahora, que está derivado de la inflación.
Por otra parte, es un presupuesto cerrado con prisa, tras una larga negociación, con el riesgo de que se caigan los nuevos impuestos ante las dudas legales que hay al respecto, con alguno sin definir todavía su articulación, como el de las grandes fortunas. Por tanto, adolece de un rigor basado no sólo en la técnica, sino en el sosiego necesario en su elaboración. La ley más importante del año no parece que se pueda cerrar a altas horas de la madrugada en un regateo más propio de un zoco que de un gabinete ministerial, donde en el gasto en defensa recurren a un plan especial para no confrontar con Podemos. Ésa es la fiabilidad de los socios de coalición.
El Gobierno, en su afán electoral, no controla el gasto, sino que, como ya sabemos por el techo de gasto aprobado en julio, asciende hasta 198.211 millones, con un aumento del 1,1% frente al presupuesto vigente, de 2022. Entre otras cuestiones, el presupuesto encierra el endeudamiento previo por el importe de los fondos europeos del plan de recuperación, más de 25.000 millones de euros, para amortizarla cuando se reciban. ¿Qué sucede si por no cumplir alguna de las condiciones de la UE no llegan? La deuda, entonces, aumentaría en esa misma cantidad de manera definitiva. Fondos, por cierto, en los que la gestión gubernamental no está siendo muy exitosa.
Del mismo modo, el Gobierno sigue sin llevar a cabo una reforma de la Seguridad Social que asegure su viabilidad, de manera que sigue poniendo en riesgo las pensiones al no procurar una reforma que las garantice. Simplemente, lanza el problema hacia delante, enquistándolo, limitándose a cubrir con deuda el desfase de la Seguridad Social, por un importe de casi 20.000 millones de euros. Pueden tratar de vender que vuelven a aportar al fondo de reserva de la Seguridad Social, pero lo hace a partir de estar financiada directamente desde los PGE, porque su saldo, sin esa financiación, es completamente deficitario.
Adicionalmente, como derogaron el factor de sostenibilidad de las pensiones, la revalorización por la inflación media de noviembre a noviembre puede llegar a suponer un aumento importante, de entre el 6% y el 8%, según evolucionen los últimos meses de cómputo. Eso tendrá un impacto negativo de entre 11.000 y 15.000 millones de euros, según sea el dato final de IPC medio que se emplea para revalorizarlas. Esto presiona el presupuesto de gastos de la Seguridad Social, en un entorno de inicio de jubilación de las cohortes más numerosas del baby boom, con, además, salarios de reemplazo mayores, debido a carreras más exitosas.
La base de las previsiones
Todo ello, como digo, sobre la base de unas previsiones de crecimiento económico que ha elevado una décima para 2022, hasta el 4,4%, más por dar apariencia de mejoría que por importancia real en cuanto a que sea una décima arriba o una abajo, pero que le ayuda a minimizar el ajuste más fuerte en el crecimiento que se prevé para 2023, que reduce seis décimas más, hasta el 2,1%, cuando en julio ya lo revisó a la baja, en ese caso, ocho décimas, hasta el 2,7% desde el 3,5%. Por tanto, la rebaja de la estimación de crecimiento para 2023 es del 40% desde la previsión anterior a julio, que es lo que ha rebajado en esos tres meses, sin descartar que pueda revisarse a la baja.
Y es que el crecimiento para 2023 podría estar más en la senda del 1% de crecimiento que del 2%, de forma que eso sí que tendría un impacto muy directo sobre el empleo y sobre la recaudación, especialmente en un entorno en el que muchos hogares pueden quedar exhaustos, especialmente los de rentas medias y bajas, que son los que más están sufriendo la inflación, al destinar una parte más importante de su renta al consumo, quedarse sin capacidad de ahorro y soportar una proporción mayor de subida de impuestos ligados a la inflación sobre su renta. Si le unimos el encarecimiento de cuotas hipotecarias que comenzará a producirse, el impacto sobre el consumo, cuya reducción ya se ve, puede hacer descender la actividad económica mucho más y alejar ese objetivo del Gobierno.
Todo envuelto en la inconsistencia de unas cuentas que parecen ser más reclamo electoral que unos presupuestos que marquen el rumbo de la recuperación de la economía española. Dentro de esa improvisación, demagogia y electoralismo, el Gobierno va a presentar unos presupuestos que incluyen una renta de crianza universal de 100 euros al mes para familias de cero a tres años, con la novedad de que se recibirá se trabaje o no. No está claro si habrá limitación de renta al respecto. Junto a ello, inyecta más fondos para dependencia, en concreto, 600 millones más, y eleva el ingreso mínimo vital alrededor de un 7%. Eso lleva al gasto social a la cifra de 267.000 millones de euros, difícilmente sostenible. Le añade la extensión de la gratuidad de Cercanías y Media Distancia para 2023, que provoca una mayor presión sobre el gasto, en claro guiño electoral.
Dentro del festival de gasto, eleva el salario de los empleados públicos un 3,5% en 2022, de manera que ha de completar la subida inicial del 2%, con el quebranto adicional para las cuentas de este ejercicio. Es más, afecta a todas las AAPP, al ser normativa pública estatal, de forma que genera un desequilibrio importante en muchas administraciones y que, por lealtad institucional, debería compensar. En cualquier caso, será más gasto para el conjunto de España, más déficit y más deuda, con independencia del nivel de la administración que lo asuma, pero que, además, juega con los equilibrios presupuestarios de otros niveles de la administración. Eso hace que el capítulo I se eleve un 6,6%, que es un gasto que se consolida como estructural, generando un problema de sostenibilidad cuando los ingresos caigan, con riesgo, por tanto, de que el déficit y la deuda aumenten, haciendo que las previsiones de déficit puedan convertirse en papel mojado, como ya lo fueron en otras ocasiones.
Por otra parte, y como un desincentivo a la búsqueda de empleo, amplían la prestación por desempleo al 60% de la base reguladora a partir del séptimo mes, cuando en 2012 se limitó al 50%, cosa que dio buen resultado, pues animaba a la búsqueda de empleo antes de que quedase demasiado poco tiempo para perder la prestación, pues todos los análisis muestran que la tendencia a esperar a los últimos meses de la prestación para buscar empleo es una tónica que se reproduce en bastantes casos, y con aquella medida se mejoró en ello. Ahora, se anula, con las consecuencias negativas que puede suponer.
Todo ese mayor gasto tensará más la deuda, la cual ya se incrementa de manera exponencial con Sánchez, con casi 330.000 millones más de endeudamiento desde que gobierna. Eso hace que el capítulo III, el de intereses de la deuda, corra serio riesgo de ir incrementándose, máxime en un entorno de subida de tipos. De momento, se incrementa ya un 3,7%. Si el BCE deja en algún momento de comprar deuda, las consecuencias en incremento de diferenciales de financiación y, por tanto, de coste de la deuda, serán muy importantes y drenarán recursos para servicios esenciales.
España no puede permitirse estos presupuestos, que sólo ahondarán en el deterioro de la economía, que perjudican a los más débiles, al negarse a bajarles impuestos ahora, con un duro ataque a la clase media y al ahorro y a la inversión, que son los que generan actividad y puestos de trabajo. Están basados en el electoralismo de urgencia del Gobierno, con el objetivo de tratar de ganar las elecciones o minimizar su derrota, no en las necesidades de la economía española, que son las de reformas estructurales, eliminación de gasto improductivo, rebaja de impuestos, estabilidad presupuestaria y seguridad jurídica. Ese camino es el que es viable para la economía española, pero el Gobierno ha decidido andar por otro, basado en tratar de solucionar todo con más gasto, en lugar de con reformas; todo con subvenciones que dejen claro quien las concede de cara a las elecciones, aunque sea a costa de retrasar la llegada del alivio a las familias, que antes lo tendrían si se bajasen impuestos. El Gobierno lleva a cabo una política enloquecida del gasto, mientras ahuyenta inversiones y merma las posibilidades de crecimiento y empleo de la economía, empeorando su estructura. Da la sensación de que, ante su previsible derrota, practica la política de tierra quemada, dejando una situación dificilísima. Así, el Ejecutivo ha elegido un camino apartado de la realidad, que conduce al deterioro de la economía, mientras los ciudadanos pierden poder adquisitivo, porque lo único que le importa es su objetivo electoral.
El Gobierno ha decidido tratar de solucionar todo con más gasto, en lugar de con reformas