La inquietante ‘modernización’ de la Función Pública

Atodos nos preocupa tener unos buenos servicios públicos que atiendan adecuadamente nuestras necesidades, cada vez más imperiosas en la coyuntura actual, y unos funcionarios que, en sus distintos niveles, estén al servicio de los ciudadanos, excelentemente preparados bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y que mantengan, en cualquier circunstancia, la maquinaria administrativa.

Partiendo de esta idea fundamental de servicio al ciudadano, los Inspectores de Hacienda, en particular, y los Cuerpos Superiores de la Administración, en general, asistimos con enorme preocupación a lo que está trascendiendo sobre los cambios en el sistema de acceso por promoción interna a la función pública, por lo que podría suponer de merma sustancial en la preparación de los futuros funcionarios públicos y la introducción de criterios discrecionales a la hora de su evaluación.

En 2019 se inició en el seno del entonces Ministerio de Función Pública un debate sobre el sistema de acceso por oposición a los distintos cuerpos de la Administración General del Estado, incidiendo de forma especial en los cuerpos superiores, los que ocupan los niveles directivos de la Administración y a los que, paradójicamente, no se ha invitado a esta fiesta que se cocina entre Función Pública y otros colectivos.

Entre los cambios propuestos, que si nadie lo remedia verán la luz a corto plazo, se incluyen la reducción de temarios y del número de pruebas, la simplificación y valoración de méritos en aquellos casos en los que existe una fase de concurso, y el mayor peso de lo que llaman nuevas “competencias”, hasta ahora nunca evaluadas para el puesto al que se opta. En el primer caso, las distintas pruebas escritas teóricas y prácticas serán sustituidas por una única prueba (tipo test) que, en el caso de los cuerpos superiores se completa con un curso selectivo sustancialmente distinto del que existía hasta ahora.

Toda esta situación provoca un enorme descontento ante la forma de actuar de Función Pública y revela, ya sin tapujos, esta falta de democratización en la participación de la “modernización” pretendida. No es comprensible este constante desprecio hacia los cuerpos superiores de la Administración, al no escuchar su criterio y opinión, como tampoco lo es este oscurantismo y secretismo con el que se está trabajando en este ámbito, y que da pie a sacar las peores conclusiones.

Los cambios propuestos implicarán, además de una merma sustancial en la preparación del aspirante, algo tan peligroso como la introducción de criterios discrecionales y subjetivos que habrá que evaluar para decidir quién accede finalmente a ser servidor público, porque, ¿qué se esconde realmente detrás de la evaluación de esas nuevas competencias? No nos tomen por ignorantes.

Atropello

El atropello de todo esto hace pensar que desaparecerá, sin lugar a dudas, la admirada independencia del funcionario público español, poniendo en riesgo el servicio público que realice, más influido por el criterio político que por el técnico, rebajando el nivel de conocimientos y el grado de exigencia en su preparación. Los autores de este atropello olvidan que la promoción interna no es un fin en sí misma, sino que es un método de selección que, mediante la concurrencia competitiva, escoge a los mejor preparados de entre los posibles candidatos que forman parte de otros cuerpos de categoría inferior a la que se pretende acceder para, en un futuro, desempeñar de la forma más eficaz un servicio público. Se olvidan de que el fin no es que el funcionario promocione sino que quien lo consiga desempeñe su futura labor de la forma más eficaz posible, redundando con ello en la prestación de un servicio público de calidad. Flaco favor se hace a los ciudadanos mostrando este “infalible” nuevo sistema de acceso a la función pública.

El acceso de funcionarios sin la debida preparación e introduciendo un alto grado de discrecionalidad en su elección no saldrá gratis y será el germen de conflictividad social y laboral, porque un trabajo deficientemente desempeñado deberá ser completado por otros compañeros; el ciudadano percibirá que la calidad el servicio público es cada vez peor, con el consiguiente incremento de las quejas por su mal funcionamiento; y toda esta situación la aprovecharán los grupos de presión y los enemigos de la Función Pública que, escudándose en la cada vez peor calidad del servicio público, exigirán la privatización y externalización de muchos de sus servicios alegando que los mismos podrían ser prestados más eficazmente, con mayor calidad y con un inferior coste fuera del ámbito público.

No debiera confundirse “modernizar” con “regalar” y no es bueno jugar ni frivolizar con las oposiciones, porque las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser demoledoras para el conjunto de la sociedad. Los principios de igualdad, mérito y capacidad del funcionario son la garantía de una función pública de calidad y de una adecuada relación con el servicio que se presta al ciudadano.

Los cambios implican una merma en la preparación e introducen criterios subjetivos a evaluar