Sintonía entre bancos y Gobierno para encontrar una salida a los problemas de las hipotecas variables
El Gobierno y los bancos están cerrando un acuerdo, que tardará todavía en plasmarse en algo real, para tratar de encontrar una fórmula que alivie de parte de sus obligaciones financieras a las familias más vulnerables, que ven cómo se encarece la cuota mensual de sus préstamos hipotecarios como consecuencia de la subida de los tipos de interés.
En principio, los requisitos para poder reordenar los pagos comprometidos hasta ahora son claros: que la unidad familiar no sobrepase unos ingresos ligeramente superiores a los 24.000 euros anuales, que la nueva cuota sea al menos un 30% mayor a la que estaba pagando hasta la subida de los tipos y, que en todo caso, el esfuerzo financiero que ésta represente llegue al 40% de los ingresos totales.
En cifras concretas, se trata de familias que tengan que destinar al menos 9.600 euros anuales de sus ingresos (800 euros al mes) a amortizar su hipoteca. Y que esa cantidad suponga que ha pasado de estar pagando en el entorno de los 615 euros mensuales a la nueva suma como consecuencia de la abrupta subida del euribor experimentada en los últimos meses.
Quienes se podrán acoger al aplazamiento de parte de esa factura mediante un alargamiento de la vida del crédito, pero con la condición de que no pagarán menos de lo que venía siendo su cuota anterior, son aquellos que cumplan los requisitos anteriores y tengan una hipoteca a tipo variable firmada después de 2012.
Excepciones
Quedan fuera de la medida, por tanto, quienes firmaron una hipoteca a tipo fijo (su cuota no varía a lo largo de toda la vida del préstamo), que en los últimos años ha sido la oferta más promocionada por las entidades financieras (aunque con distinta intensidad) y quienes tengan una hipoteca de más de 10 años de antigüedad.
Esto último tiene sentido, porque este tiempo suele ser el plazo medio en el que las familias acaban pagando toda su hipoteca, aunque la firmaran inicialmente por un periodo más largo, y porque a partir de ese tiempo la amortización del capital va constituyendo la parte más importante de las cuotas y, por lo tanto, la carga de intereses tiende a ser menor cada vez.
La importancia, desde el punto de vista del negocio bancario, de los posibles aplazamientos no es uniforme para todas las entidades. En primer lugar, precisamente por la diferente composición de la cartera hipotecaria en función de si han promocionado más o menos las de tipo fijo.
En este sentido, tanto Sabadell como CaixaBank, algo más el primero, podrían verse menos afectados que el resto de entidades al haber apostado de forma más clara por ese tipo de préstamos durante los últimos años.
En sentido contrario, CaixaBank –que tiene una cuota de mercado hipotecario cercana al 50%–, junto con el resto de los bancos surgidos de las antiguas cajas de ahorros (Unicaja, Ibercaja
y Abanca) y probablemente también BBVA, que integró en su balance a buena parte de las antiguas cajas catalanas, estarían más expuestos por la tipología media de clientela que tienen y que suele estar más cerca de los perfiles en los que la subida de los tipos de interés afecta más a su renta real disponible.
Además, estas últimas entidades salvo CaixaBank, siguieron apostando por las hipotecas a tipo variable mayoritariamente.
En el lado opuesto, Bankinter, que también ha priorizado las hipotecas variables y que en los últimos años ha crecido mucho en su cuota de mercado general, podría no tener que renegociar un paquete importante de estos créditos porque, en general, sus clientes superan ampliamente los 24.000 euros de ingresos anuales contemplados como el umbral máximo para poder acogerse a la refinanciación.
Reclasificación
Para los bancos, además de ampliar el plazo de los préstamos ya concedidos, lo que no tiene por qué resultar un problema en sí mismo, ya que van a seguir ingresando al menos las mismas cuotas que hasta ahora, la renegociación de estos créditos les obligará a clasificarlos como refinanciados y ello implica pasarlos a stage 2 y, por lo tanto, constituir provisiones para hacer frente a posibles problemas futuros, aunque no se hayan manifestado todavía.
Las entidades han tratado de conseguir no tener que hacerlo y lo han ido diciendo a quienes querían oírlas, aun sabiendo que realmente no había ninguna posibilidad de evitarlo. Se ha dicho que se negociaba con el Banco de España y con el Banco Central Europeo una posible flexibilidad contable, como ocurrió con los créditos ICO de la pandemia.
La cuestión, lo saben los bancos desde siempre, es que no son estos supervisores quienes definen las normas contables (entre ellas, las provisiones a efectuar y las condiciones), sino que es la Autoridad Bancaria Europea la responsable.
Y esta institución, presidida por José Manuel Campa, no tiene capacidad para adoptar medidas flexibles (al margen de que le pareciera bien o no hacerlo) de este tipo cuando se trata de que un único país, o varios, adopte medidas de apoyo concretas a sus ciudadanos. Tienen que ser decisiones para todos los países miembros, lo que no es el caso, entre otras cosas porque en naciones tan relevantes como Francia o Alemania las hipotecas son mayoritariamente a tipo fijo desde siempre.
Además, tampoco se trata de una medida a la que se pudieran acoger todos aquellos que tengan contratada una hipoteca, sino que se exigen unas condiciones previas muy claras que limitan mucho el universo de quienes pueden hacerlo.
Aunque es evidente que muchas familias van a tener dificultades para hacer frente a sus nuevas obligaciones financieras (la subida ya experimentada por el euribor implica que quien tenga una hipoteca de 100.000 euros va a ver incrementada su cuota en 3.000 euros anuales y, por lo tanto, que es necesario buscar una fórmula que permita que esa nueva carga no afecte en exceso a su nivel de vida), no parece que, en todo caso, los problemas vayan a adquirir la dimensión de la anterior crisis financiera.
Por varios motivos. El primero, porque el nivel de ahorro y de endeudamiento en general de las familias es mucho mejor que entonces. En segundo término, porque los bancos han sido, en general, más estrictos a la hora de valorar el riesgo de las personas a las que daban hipotecas y han limitado la relación entre el crédito concedido y el valor de inmueble a un porcentaje más bajo de lo que se hizo entonces. En último término, no parece que el impacto de la desaceleración económica que se vislumbra sobre el empleo vaya a ser tan grave como lo fue en la crisis de 2008.
Las entidades financieras están dispuestas a ampliar el plazo de amortización para suavizar las cuotas
La magnitud del problema no es la que tuvo tras la crisis financiera de 2008 porque el mercado laboral está resistiendo