Picaresca que atenta contra el alquiler social

La norma que PSOE y Podemos acordaron para prohibir a las administraciones vender la vivienda pública a terceros está inspirada en la polémica venta de viviendas sociales a fondos de inversión –fondos buitres según algunas formaciones políticas– realizada por el Ayuntamiento de Madrid en 2012, siendo Ana Botella alcaldesa. Aquella venta ha sido utilizada desde entonces por la izquierda como un ariete para atacar a los Gobiernos del PP y su política en materia de vivienda pública. La operación se llevó incluso a los tribunales, que sin embargo acabaron dando la razón al Ayuntamiento. La venta no solo se realizó a precios de mercado sino que se hizo en un contexto en el que las entidades locales estaban en una situación financiera complicada y el parque de vivienda pública se había convertido en un auténtico agujero para las cuentas públicas. Las viviendas requerían inversión para su mantenimiento y la inmensa mayoría de los denominados alquileres sociales ni siquiera eran abonados. Ahí estriba el gran problema. “Es necesario hacer más vivienda para alquiler social para destinarla a colectivos vulnerables que deben dejarla cuando sus condiciones mejoren. Y también es preciso que los alquileres se paguen y si no es así deshauciar para que ese modelo pueda ser sostenible”, asegura un experto. En algunos países como Austria el alquiler social funciona porque a nadie se le pasa por la cabeza no pagar. En España sin embargo la trampa se impone y muchos inquilinos dejan de pagar simplemente porque las administraciones no quieren correr el riesgo reputacional de deshauciar. Esta picaresca, que esconde la intención de algunos inquilinos por quedarse la casa gratis extorsionando al Estado con la anuencia o incluso el apoyo de grupos políticos, como ocurre también en países como Italia, es finalmente un lastre para el desarrollo de la vivienda social, que acaba teniendo un alto coste para todos los contribuyentes.