Duro varapalo del BCE al impuesto a la banca
El diagnóstico del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto específico a la banca aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez es una dura crítica a esta medida. Se daba por descontado que el supervisor financiero de la zona euro sería desfavorable a este gravamen, pero la contundencia con que se expresa no deja lugar a interpretaciones. Fráncfort insiste en que la tasa puede dañar la estabilidad financiera y afectar al crecimiento de nuestra economía por limitar la capacidad de los bancos para conceder nuevo crédito. Pero la desautorización a la medida se extiende al argumento del Ejecutivo respecto a los beneficios extraordinarios que tendrán los bancos por la subida de los tipos de interés. El BCE discute está hipótesis y apunta que la normalización monetaria afectará a la capacidad de pago de los deudores y, por tanto, podría llegar incluso a deprimir la rentabilidad del sector. Hacienda aspira a recaudar de la banca 3.000 millones de euros en dos años con este impuesto, pero Fráncfort señala que será muy difícil que no acabe trasladándose a los clientes, como pretende Moncloa, porque la normativa vigente obliga a las entidades a imputar todos los costes en el precio de sus productos. De ser así, los españoles no sólo pagarán más caro el crédito cuando la tasa esté en vigor, sino que además deberán asumir en última instancia este castigo fiscal a la banca. Otro de los puntos con los que es extremadamente crítico el supervisor bancario europeo es con el destino de la recaudación de este impuesto extraordinario, porque nada garantiza que se destine al fin anunciado –financiar los subsidios a las familias más vulnerables– , sino que el dinero extraído podría ir a cubrir otras prioridades de corte político o a sanear las cuentas públicas. Por esta misma razón ya se pronunció el BCE en contra, entre otros, de un impuesto similar aprobado por Lituania en 2019 y por eso defiende que, en todo caso, se separen esos ingresos extraordinarios del resto de recursos de los Presupuestos Generales del Estado. El BCE también censura el diseño del impuesto porque, al gravar el margen de intereses y las comisiones de las entidades financieras, podría no ser proporcional a la rentabilidad real de cada una de ellas. Aunque la opinión del supervisor no es vinculante, el Ejecutivo no puede ignorar un dictamen tan contundente sobre una de sus medidas fiscales estrella, ni la recomendación de Fráncfort de que realice un “análisis exhaustivo” sobre su impacto negativo en el sector financiero, su rentabilidad y la competencia bancaria, ya que afectará a las entidades a partir de cierto tamaño.
Aunque la opinión de Fráncfort no sea vinculante, Moncloa no debe ignorar un dictamen tan severo