Cerco a los cotos de empleo nacionalistas

No debería ser noticia que una normativa decrete que ningún ciudadano español puede ser discriminado por motivo del idioma en una oferta de empleo. Y, sin embargo, lo es porque durante años varios gobiernos autonómicos se han dedicado a convertir en valor excluyente el conocimiento de su lengua cooficial a la hora de asignar plazas a sanitarios, educadores o policías. Hasta el punto de conceder más puntos a un título habilitante de un idioma propio que a la experiencia profesional acumulada. Lo que ha servido no sólo para crear cotos de acceso vedado a una parte de los españoles, sino también para tejer redes clientelares para lograr votos para los partidos nacionalistas o regionalistas. Por eso acierta el Ministerio de Trabajo al incluir en la nueva Ley de Empleo, que regula la creación de la Agencia que sustituirá al Servicio Público de Empleo (SEPE), que todas las ofertas tramitadas por este organismo, por los servicios autonómicos y municipales, o por las entidades privadas que colaboren con éstos, deberán dar igual trato a los aspirantes, con independencia de su procedencia, raza, sexo, opinión política, afiliación sindical o idioma. Pero tan importante como reforzar la legislación para poner fin a la discriminación laboral por desconocimiento de una lengua cooficial será ofrecer garantías de que se acaba definitivamente con este tipo de prácticas contrarias a la Constitución. El prolongado historial de desobediencia de las leyes y resoluciones judiciales que atesoran algunos gobiernos regionales, que incluso hacen gala de ello, debería llevar al Ejecutivo a extremar el control efectivo a posteriori.