Legislar por despecho
La voracidad fiscal del Gobierno de Sánchez esta fuera de toda duda, y ello a pesar de que en estos tres años ha dispuesto como nunca de ingentes recursos económicos fruto de un fuerte endeudamiento, un exceso de recaudación debido a la inflación –es decir, a cargo del sufrimiento de los ciudadanos– y debido a la no vigencia de los principios del Pacto de Estabilidad, que ha hecho que el déficit de las cuentas del Estado campe a sus anchas.
Aún así, la presión fiscal en España se ha elevado de forma importante. En 2023, será de mas del 43,7% del PIB según la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, aunque los salarios no se asemejan de ninguna manera a la media europea.
Ante esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no para de repetir que nuestra presión fiscal a día de hoy es inferior a la de la zona euro, pero lo que calla es que el esfuerzo fiscal, que es el indicador que mide la presión fiscal en términos de PIB per cápita, es mas alto que la media de la unión monetaria, con lo que una nueva subida de impuestos sólo conseguirá estrangular más al conjunto de los españoles.
En este estado de cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, jaleado por Esquerra Republicana de Cataluña, ante la rebaja de impuestos por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha decidido declararles la guerra. Repite sin fundamento alguno que hay que acabar con el dumping fiscal que supone la rebaja de impuestos en algunas autonomías como Madrid.
Para ello, no ha dudado en utilizar todas las artimañas parlamentarias de dudosa legalidad para, por la puerta de atrás y vía enmienda (para eludir todos los informes y tramites preceptivos de una ley ordinaria) introducir un nuevo impuesto que denominan “a los ricos”. Con una proposición de ley sobre impuestos a las empresas energéticas y a las entidades de crédito que se está tramitando en la Comisión de Economía del Congreso (cuando debería de ser la de Hacienda quien lo hiciera, puesto que claramente son impuestos lo que se está regulando), han registrado una modificación legislativa que afecta al patrimonio, aunque lo llaman pomposamente impuesto de solidaridad a las grandes fortunas (que, por cierto, suprimió
José Luis Rodríguez Zapatero cuando era presidente del Gobierno). La osadía de Sánchez (que solo busca la confrontación política) le lleva a desconocer que el camino elegido es un disparate mayúsculo, puesto que si bien el Estado tiene la posibilidad de coordinar las figuras tributarias autonómicas, cuando lo que persigue es armonizar esas figuras que claramente afectan a las competencias de las comunidades autónomas, precisa hacerlo por ley orgánica y no vía proposición de ley, como es el caso. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional 26/2015, del 19 de febrero.
Vaciamiento de competencias
Sorprende que esta iniciativa esté avalada por independentistas y federalistas, porque, a mi juicio, claramente supone una vulneración del bloque de constitucionalidad, ya que por una ley estatal se pretende aprobar un nuevo tributo cuya trascendencia es que vacía de competencias la capacidad financiera de las comunidades autónomas sobre tributos cedidos.
En este sentido, basta recordar lo dispuesto en el artículo 19 de la LOFCA, y que el concepto de autonomía financiera abarca la decisión política de no cobrar un tributo cedido y eliminarlo vía bonificación como una clara y legítima manifestación de esa autonomía financiera.
La aprobación del impuesto sobre grandes fortunas supone una medida tributaria absolutamente inédita. Fruto, no de la necesidad de operar sobre el sistema tributario español, sino consecuencia del ejercicio de una soberbia y prepotencia desconocida hasta la fecha, de un presidente del Gobierno que escenifica la defensa de los más necesitados cuando él vive como un rico; eso sí, a costa de los españoles.
Estamos a buen seguro ante un impuesto que es fuego de artificio, y dada la improvisación del mismo, no cabe duda de que el Gobierno no ha analizado los costes de su implantación, los efectos de segunda ronda que puede provocar como la fuga de inversores, la salida de patrimonios, el perjuicio a la imagen del país, o el efecto real de su recaudación sobre las arcas públicas. Lo mas lamentable de este nuevo impuesto es que nace del odio del presidente del Gobierno hacia aquellos que han humillado al PSOE en las últimas elecciones celebradas en Madrid, Galicia o Andalucía.
Diputado del grupo parlamentario Popular, presidente de la Comisión de Hacienda y Función
Pública en el Congreso de los Diputados.