(Nuevas) cortinas de humo

El miércoles 2 de noviembre y el jueves 3 se convocaban reuniones de los vocales del CGPJ para buscar un acuerdo y nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tenían fecha de caducidad el pasado 13 de septiembre. Llamémoslo ética, llamémoslo corporativismo, hastío si quieren o el sustantivo que decida poner la persona que esté observando (y conozca) lo que está pasando. Sea lo que sea lo que elijan sepan que, hasta aquellos que se oponían a tener que hacer estos nombramientos, están ahora a favor de cerrar un acuerdo.

Esto en la trastienda y en un entorno al que el gran público no accede porque la configuración, ya sólo la configuración, es complicada. “¿Cómo es posible que Lesmes fuera Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo al mismo tiempo?” es una pregunta legítima para el observador externo, así que aclaremos que viene definido en el artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, la ley dispone que los vocales son 20, que los nombra el Rey, que su mandato es de 5 años, que no pueden repetir, que la renovación es en bloque y que mientras no haya renovación, la continuidad es interina.

Ah... me olvidaba: los 20 vocales son elegidos por las Cortes, Congreso y Senado. Lo digo porque el silencio no es olvido y los papeles que están jugando Meritxell Batet y Ander Gil en toda esta historia no pueden quedar en la trastienda, porque sus responsabilidades incluyen organizar esa elección. Vamos, que asistimos a un “dejádmelo a mí” de manual por parte del presidente del Gobierno, mientras los dos Excelentísimos Señores miran hacia arriba diciendo “él la lleva”. Ya, es una rabieta personal que indica que la separación de poderes está revelándose como un mito, pero... como dice REM en Ignoreland: “Sé que esto es amargura. Sin solución, desahogo. Pero me siento mejor habiendo gritado. ¿Tú no?”. Por ahora, al Gobierno le interesa más vender que Alberto Núñez Feijóo sufre desgaste y que éste ya venía de aquel interés creciente por la crisis del CGPJ detectado entre los usuarios del transporte público madrileño.

Pero la negociación por renovar el poder judicial no tiene sentido si, al tiempo, el Gobierno hace guiños a Podemos para redefinir por ley las mayorías necesarias para la renovación del CGPJ y acabar convirtiéndolo en un “Aquí Te Pillo, Aquí Te Mato”. Estas leyes no se definieron para hacer las cosas fáciles al Parlamento, sino para hacérselas difíciles. Para obligarles a acuerdos, para que, en el supuesto de una situación tan fragmentada como la actual, a los legisladores (diputados y senadores) no les quedase más remedio que consensuar.

Son difíciles porque se pensó que, si el Judicial tenía que ser todo lo independiente que se pudiera de los otros dos poderes (y recordemos que, en nuestro sistema, el ciudadano elige al Legislativo y, luego, el Legislativo elige al jefe del Ejecutivo), la elección del Judicial debía, pongámoslo así, tener cierta vergüenza torera. Total... que el Gobierno plantea, coquetea, con la posibilidad de anular toda esa dificultad y dejar un legado a su medida más allá de lo que las urnas pudieran decir.

Ambos sentidos

Luego está lo de rebajar el delito de sedición. A esto el Gobierno lo llama “adecuación a la legislación de nuestro entorno”, olvidando que nuestro entorno no tiene casos recientes ni de rebeldía ni de sedición, y que las penas registradas en los códigos de leyes tienen, como principal objetivo, disuadir de cometer el delito. Que, digo yo, que si uno de esos países de nuestro entorno tuviera en el futuro una situación similar, lo mismo se miraban la legislación española para valorar un aumento de las penas, porque estas cosas siempre funcionan en ambos sentidos.

Estos hechos hacen que el Partido Popular pise el freno. Parte de la opinión pública se les ha echado encima, pero ¿imaginan lo que sería llegar a un acuerdo para renovar el poder Judicial y acto seguido encontrarte que, a tus espaldas, se ha rebajado el delito de sedición (una medida con la que la mayoría de la población está en contra)?

Acudiendo a esos lugares comunes de los que la izquierda quiso hacer acopio unos años atrás, veo muchos palos en las ruedas, pocos mimbres y serias cortinas de humo en un proceso que el Gobierno parece tener pautado. Pautado porque, ante un acuerdo y un cambio en la ley para futuras renovaciones al que llegar con el PP, Pedro Sánchez prefiere tocar una ley para rebajar las exigencias de renovación y otra para, también, rebajar las penas por sedición con formaciones que nada tienen que ver con el partido de Alberto Núñez Feijóo.