El peligro de adulterar las leyes por las prisas políticas, la chapuza o el sectarismo
El CGPJ ya advirtió del disparate de la ley de “solo sí es sí”, mientras que la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación no deberían plantearse como algo urgente. De hecho, no habido ninguna prisa hasta que los separatistas lo han
Lo advirtió explícitamente el Poder Judicial, lo advirtieron muchos magistrados y abogados, pero el Gobierno, presionado por sus socios de Unidas Podemos, siguió adelante con la Ley que se bautizó con “solo sí es sí” sabiendo que corría el riesgo de un descenso de las penas para los violadores y abusadores sexuales ya juzgados, como ha sucedido en los últimos días. Y ahora, cuando se ha confirmado el disparate, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y sus compañeros de partido echan la culpa a los jueces por interpretar la ley de forma machista. ¿Es ese el respeto que tienen a la Justicia? ¿Pasará lo mismo con las próximas reformas del Código Penal para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación? Lo único cierto es que cuando se legisla amparado por las prisas políticas, la chapuza o el sectarismo, se pone en serio peligro el marco judicial y democrático de un país.
El pasado mes de octubre, una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados (205 votos correspondientes al PSOE, Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, PNV, EH Bildu, Coalición Canaria y Teruel Existe) aprobaba la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. El bloque denominado progresista lo celebró como un gran avance en los derechos por la igualdad, aunque habían recibido el aviso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un informe aprobado por unanimidad el 25 de febrero de 2021, de que se corría un riesgo importante.
Reducción de penas
Ayer, el Consejo recordaba en un comunicado lo expresado en su día: “El cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción de algunas penas y concluía que la reducción de los límites máximos a las penas comportaría la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente”. Más claro el agua. Pero ni el Ministerio de Igualdad ni el resto de los miembros del Consejo de Ministros hicieron caso de la advertencia y siguieron adelante con una Ley que ha provocado en pocos días la rebaja de penas a cinco condenados por delitos juzgados y decenas de reclamaciones más. Esto no ha hecho más que empezar.
Tan preocupante es la chapuza del Gobierno y de los partidos que le apoyaron, como la respuesta dada por los dirigentes de Podemos ante las consecuencias de la chapuza legislativa. Irene Montero y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, arremetieron el martes contra la Justicia, a la que acusaron de machista por interpretar de forma errónea lo que ellas legislaron sin hacer caso a los avisos de los expertos.
Ayer, el CGPJ tuvo que salir al paso al afirmar en un comunicado que “expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsable políticos que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual; este tipo de actuaciones minan la confianza de la víctimas en las administraciones y singularmente en la de la Justicia, aumentando su desprotección”.
No es la primera vez, ni será la última, que los líderes de
Unidas Podemos, los independentistas e incluso los del PSOE atacan las resoluciones judiciales, mostrando un desprecio absoluto a la separación de poderes y minando el prestigio de las instituciones. Las sentencias solo son justas cuando les son favorables; esa es su visión de la democracia.
Para mayor escarnio, el líder emérito de Podemos, Pablo Iglesias, salió ayer a la palestra para amenazar a sus compañeros de Gobierno que habían abierto la posibilidad de reformar la ley del “solo sí es sí” para evitar males mayores. Iglesias afirmó que “el PSOE hace el juego a la ultraderecha si reforma la ley”. Pura demagogia y falta de empatía ante la desprotección que está causando la reforma a las mujeres violadas.
Desgraciadamente, el episodio de esta semana no es más que uno nuevo en el bagaje legislativo del autodenominado Gobierno progresista de coalición, que lleva meses legislando por decreto ley (132 en lo que va de legislatura, uno cada doce días, frente a los 129 que aprobó Felipe González en 13 años de Gobierno), o haciendo caso omiso a los informes elaborados por el Consejo de Estado, la abogacía del Estado o el propio Consejo General del Poder Judicial. La opinión técnica o jurídica está muy por debajo de los intereses políticos o el sectarismo de socialistas y morados, apoyados por sus socios de investidura.
Último escándalo
El último escándalo surgió la semana pasada cuando PSOE y Unidas Podemos presentaron la anunciada supresión del delito de sedición como proposición de ley, en lugar de proyecto de ley del Gobierno. La diferencia consiste en que con este método sortean los dictámenes obligatorios de los órganos jurisdicciona