Los desafíos de Garamendi en un año de urnas

Antonio Garamendi ha renovado su mandato al frente de la CEOE durante cuatro años más. Y lo ha renovado con un apoyo extraordinario del 86% de los votos emitidos. Así es que no se han cumplido los pronósticos de quienes defendían que iba a ver un importante voto de contestación. Ese parecía ser el objetivo del Josep Lluis Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional. Él es el verdadero derrotado en las elecciones de la CEOE. Más que su vicepresidenta, Virginia Guinda, que se presentó a última hora, como si fuese el último recurso de Sánchez Llibre para intentar a la desesperada derribar a Garamendi.

Sin embargo, Guinda se equivocó. La gestión de la CEOE no se hace en el último minuto, sino en un mandato de cuatro años, con viajes por toda España, y asistiendo a todo tipo de foros, y con todos los sectores. También con viajes fuera de España, acompañando al Rey en delegaciones empresariales y batiéndose en el diálogo social. Eso es lo que ha hecho Garamendi en su primer mandato. Atender el día a día es como hacer un rimero de trabajo sobre la empresa o como la caída del sirimiri, que va calando poco a poco.

Por lo tanto, los empresarios han votado en Garamendi la continuidad. Incluso, las organizaciones que pudieron resultar más críticas con la gestión del diálogo social, como la patronal madrileña CEIM y Cepyme. Además, un momento como el actual es el más inapropiado para que la CEOE muestre una imagen de división. Como ya dijo Garamendi tras su elección, sería un error inmenso no contar con Fomento del Trabajo. Representante de una parte muy importante del empresariado español, del 18% del PIB nacional y, además, la patronal más antigua y fundadora de la propia CEOE. No contar con la organización catalana sería arrojarla en brazos del Gobierno independentista, con el apoyo del golpismo. Máxime cuando hasta la pequeña y mediana empresa catalana se ha dado cuenta de que no va a ninguna parte aislada con el secesionismo, como ya hicieron las grandes empresas que trasladaron sus sedes fuera de Cataluña tras el intento de golpe de Estado.

No obstante, aunque Garamendi no quiere entrar en política, muchas de las andanadas gubernamentales que le esperan a los empresarios tienen ese motivo. Parece claro que España tiene el Gobierno con mayor carga ideológica de toda la democracia. Está dirigido por un presidente, como Pedro Sánchez, que está pactando hasta con el diablo con tal de alargar la legislatura todo lo que sea necesario, para que la gente se olvide de la ignominia que ha cometido con muchos de quienes le votaron y con quienes no le votaron.

Hasta el punto de que la mayor problema de Sánchez no está en la gestión económica, sino en sus ataques al orden constitucional y a la unidad e identidad de España. Sin duda, eso es lo más grave de cuanto ocurre en estos momentos. Ya habrá líneas para esta cuestión.

Nuevamente, lo quieran, o no, los empresarios van a tener que entrar en política, porque se avecina un año intensamente electoral, con las citas autonómicas, municipales y generales. Y, sin duda que el Gobierno busca la rentabilidad política de la subida de impuestos a las empresas energéticas y a las grandes fortunas. Y, también, a la subida de las bases máximas y de los tipos de cotización para que, entre otras cosas, ayuden a pagar el disparate de subir las pensiones contributivas en 2023 un 8,5% y un 15%, las prestaciones no contributivas. Con cargo a las empresas. Y también el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, que la vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, insinúa que puede subir con la inflación. Vamos a ver si, por este motivo, provoca un nuevo enfrentamiento con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, más sensible con los empresarios. En todo caso, será un referente para la negociación colectiva, con la que Garamendi también tendrá que hilar muy fino.

Los empresarios tendrán que hacer frente al Gobierno con mayor carga ideológica de la democracia en un año electoral