Justicia y sedición
Nuestros gobernantes están aplicando descaradamente una “justicia” de desigualdad cortada a medida de grupos hiperprivilegiados.
En el comienzo de su famoso libro “Teoría de la Justicia” escribe John Rawls: “La Justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, de la misma forma que la Verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Pero la Justicia es mucho más que eso: es el pilar y fundamento que sustenta cualquier sociedad/agrupación humana. Consecuentemente, una realidad política que es un océano de engaños, embustes y mentiras carece de Justicia. Milenios antes, Heráclito acuñó esta misteriosa fórmula: “Justicia es discordia”. Es decir, disparidad, diferencias, antagonismo, opuestos. Verdad, Equidad y Razón son componentes esenciales de la Justicia. Sin ellos no es posible la libertad.
El término justicia remite a dos realidades no idénticas: una, los componentes y mecanismos de funcionamiento de la justicia (tribunales, jueces, procesos, corpus legales, órganos de control...), o sea, un poder del Estado. La otra, un principio rector de toda comunidad civilizada, una aspiración/obligación de ecuanimidad y sensatez, un imperativo “moral” que está por encima de todo: la Justicia con mayúscula, una Diosa de nombre Diké, un Bien que refleja y secunda las reglas de orden del universo. Justicia es “isonomía”: igualdad y equidad de derechos. Como la salud es el equilibrio del cuerpo, la Justicia marca la salud de una sociedad. Mientras, la injusticia es la enfermedad que la mata. Literalmente.
Son muchos los pensadores que han exaltado la importancia de la Justicia. Por ceñirnos a los anteriores a Sócrates/Platón, Píndaro afirma que la ley es el auténtico rey: “la ley, rey de mortales e inmortales... lo guía todo con soberana mano”; Focílides de Mileto explicó que en “la Justicia se compendia toda virtud”; y lo reafirma Teognis: “toda virtud reside en la Justicia”. Para Heráclito, la Justicia es máxima expresión del Imperio de la Razón. Y advierte: “es necesario que el pueblo luche por su ley como si fuese la muralla de su ciudad”. Desde su experiencia práctica de gobernante, Solón recuerda que “Disnomía” [mal gobierno] acarrea a la polis males sin cuento, mientras que “Eunomía” [Buen gobierno] lo hace todo ordenado y cabal”. Y avisa, “las obras de la injusticia no son duraderas” porque el destino castiga con el infortunio a quien abusa del poder y la desmesura.
Degradación de la democracia
Se supone –sea cierto o no– que la democracia es la forma de gobierno que mejor da cumplimiento a la Justicia. Podría decirse que sin Justicia no hay democracia, y sin democracia no hay Justicia (suficiente). Es poco discutible que asistimos a una alarmante degradación de nuestra democracia. Como pasa siempre, primero llega el rayo, después los truenos. Nuestro cielo legislativo está cubriéndose de relámpagos grotescos (Memoria democrática; chapuza del Sólo sí es sí; la aberrante Ley Trans; ocupación e interferencias gravísimas en la Fiscalía; “embargo” deplorable de las funciones del Poder Judicial...), consecuentemente resuenan los peores truenos. Por ejemplo, la sedición, recalificada ahora, como si fuera una finca, a “desorden público agravado”. Una herejía democrática: ni una democracia puede legislar bajo chantaje, ni un gobierno convertirse en primer insurrecto institucional. Golpismo blando por más que traten de taparlo con abundante pirotecnia verbal: “des-judicialización” (de la política), “homogenización” (penal con Europa), “armonización” (no sólo fiscal), nueva “convivencia” (más bien, síndrome de Estocolmo).
Cada palabra, un sofisma. Como aconsejó Locke, no vamos a darle a esas burlas rango de argumentos. Son falacias cínicas. La impresión que se saca es que, para este gobierno, el delito no está en saltarse las leyes, sino en la inherente “maldad” de las leyes (que no les gustan). Por eso las desmontan. Lógico: la ley, si no es “suya”, les parece tiranía. Lo que anhelan es la “naturaleza”, o sea, la espontánea e irrefrenable “libertad” que brota de la arbitraria voluntad del que manda. El mensaje que envían es claro: hay que “destronar” los códigos “viejunos” (según ellos), en última instancia, esta Constitución a la que consideran momificada y deficientemente legitimada.
Lo mismo que algunos padres ejemplares engendran monstruos, nuestra democracia –la mejor que ha conocido este país– lleva tiempo fabricando engendros. Asistimos a una degeneración progresiva de los fundamentos esenciales de toda democracia. Como explicó Arendt, el cáncer primario es el nacionalismo, donde la nación ocupa el lugar sagrado –y ahora vacío– que antes llenaban Dios y la religión. A partir de ahí todo son metástasis. La primera, la disolución creciente de la Representación, convertida en un teatrillo de guiñoles de cartón-piedra: el representante ya no habla en nombre de sus votantes, sino cumple, con obediencia de cadáver, la “ley de hierro” de las oligarquías de su partido. La segunda metástasis corroe al Parlamento, jibarizado a instancia irrelevante (mera “cámara de resonancia del gobierno”): el ejecutivo ha devorado por completo al legislativo y, ya sin freno, se salta, con total desvergüenza (insólita abundancia de proposiciones/decretos-ley), los procedimientos parlamentarios más intocables, ciscándose en las advertencias de Madison y Hamilton: no hay democracia sin procedimientos “tasados” y cumplidos. El tercer dañado es el Pueblo, pomposamente sacralizado como depositario único de la soberanía, quien marginado hace lo que aquellos ángeles famosos: se tapa los ojos con sus alas –democráticas– para no ver lo que está ocurriendo en Cataluña (ilegalidades, indultos, inculcación continua de derechos), o con Bildu (excarcelaciones a gogo y cambios de grado gratuitos). Tras tanta metástasis llega lo de siempre: el Yo elefantiásico, el Gran Hombre-Poder, mezcla de oráculo de Delfos y faraón de una república impropia, quien, sin ser rey, se apodera de las atribuciones absolutas de los antiguos monarcas. Extralimitación que nos hace recordar aquella reflexión algo enrevesada de Anaximandro: cualquier posición, reiterada con contumaz desvergüenza, acaba rebasando sus límites y propicia su propia ruina.
Como es evidente, estamos en una situación altamente peligrosa que difícilmente va a acabar bien: no ya porque, como advierten todas las sabidurías, tarde o temprano la injusticia se acaba pagando, sino porque no hay sistema político que aguante sobre armazón tan falso, hueco y endeble: cometer injusticia no puede ser Justicia, ni ésta puede ser igual a la voluntad del más fuerte. Consecuentemente, ningún Estado democrático puede vivir de un César que se pone por encima de la ley y somete al Derecho a su voluntad caprichosa. Cuando los antojos de quien manda prevalecen sobre la ley, se sale del perímetro de la democracia para entrar en territorio “selvático”, o sea en el peor despotismo.
Gobierno‘señorial’
Nuestros gobernantes están aplicando descaradamente una “justicia” de desigualdad cortada a medida de grupos hiper-privilegiados (nacionalistas y romanticismos populistas) sin respetar la mínima equidad. Se conceden a ciertas “facciones” (término de Madison) todos sus caprichos, incluso a costa de forzar/incumplir las leyes. Chantaje que, como señaló Hobbes, no es propio de un gobierno para hombres libres, sino de un “gobierno señorial”, propio de oligarcas. Recordó también Madison que una “mayoría” (sobre todo si encima es más ficticia que real) no puede ser el único criterio de lo justo o injusto, ni menos todavía convertirse en un “nuevo tipo de monarca”, como está ocurriendo. Aquí, como en la fábula de las liebres y los leones, cuando los ciudadanos (normales) reclaman la misma igualdad que se concede a las “facciones privilegiadas”, el leóngobernante responde –displicente– que ese derecho es para quienes tienen garras y colmillos, o sea, para afines y congéneres.
En esta grave situación, esos millones de ciudadanos que están condenados al ostracismo democrático no deberían olvidar aquellas palabras de B. Constant: “no somos ni persas sometidos a un déspota, ni egipcios sujetos a sacerdotes, ni galos sacrificados por sus druidas, ni griegos o romanos a quienes su participación en la autoridad social consolaba de su servidumbre privada. Nosotros somos hombres modernos que queremos disfrutar de cada uno de nuestros derechos, desarrollar nuestras facultades como mejor nos parezca, sin hacer daño a otros”. Ni permitirlos.
Para este Gobierno, el delito no está en saltarse las leyes, sino en la inherente ‘maldad’ de éstas