Plataforma contra la Morosidad: 200.000 empresas cerrarán si no se atajan los impagos

La morosidad sigue incrustada en la economía española, castigando el tejido empresarial sin que los sucesivos cambios en la ley hayan conseguido erradicar esa lacra. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) alertó ayer de que si no se ataja con urgencia el problema de las facturas impagadas, 200.000 empresas podrían verse abocadas al cierre. Máxime en un escenario en el que la inflación sigue en cotas muy elevadas (a pesar de la moderación en su ritmo de crecimiento en los últimos meses) y de la subida de los tipos de interés, “que ahogan a las empresas y alientan la morosidad”. “Todo nos hace pensar que si no actuamos de manera urgente no podremos salvar a nuestras pymes y autónomos”, afirmó el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, en el marco de la Asamblea Abierta que la Plataforma celebró ayer en Madrid con la presencia de representantes de los grupos parlamentarios.

Cañete, quien recordó que según los datos de la UE una de cada cuatro quiebras se debe a las facturas impagadas, urgió al Gobierno a implementar ya las novedades aprobadas en la Ley Crea y Crece, a la que el Congreso dio luz verde a mediados de septiembre. Una norma que la plataforma considera que contiene avances y que ayudará a mejorar los plazos de pago, pero que “por sí sola no soluciona el problema de la morosidad”. En primer lugar, la PMcM instó a implementar “de forma inmediata” el mecanismo para controlar que las empresas están al corriente de pago para poder acceder tanto a subvenciones como a contrataciones públicas. Y en segundo, reclamó la puesta en marcha cuanto antes del Observatorio de la Morosidad, que vigilará la evolución de los plazos de pago y en el que la PMcM aspira a jugar un papel activo.

La plataforma volvió a reivindicar ayer, en presencia de los representantes de las diferentes fuerzas políticas, la necesidad de un régimen sancionador; esto es, “un sistema de multas a empresas morosas para así reducir el retraso de los pagos en el ámbito privado”, donde “algunas de las grandes empresas deben a sus proveedores unos 82.000 millones de euros por encima del plazo legal de pago (60 días)”. La PMcM reprochó a los grupos parlamentarios que ese régimen sancionador, que el Congreso aprobó sacar adelante en 2020 por unanimidad, siga atascado en el hemiciclo. “No se entiende que lleve más de dos años en trámite”, señaló Cañete, quien añadió que la puesta en marcha de esta iniciativa, una reivindicación histórica de la plataforma, contribuiría a mitigar “la previsible falta ±y encarecimiento± de liquidez a la que se enfrentarán en un futuro próximo las pymes y autónomos en nuestro país”. La PMcM aseguró que enviará información a la UE sobre

“las malas prácticas habituales que continúan produciéndose” en España y que Bruselas tendrá en cuenta de cara a la revisión de la directiva europea sobre morosidad.

La PMcM reclama ante los grupos políticos la necesidad de un régimen sancionador