Europa se blinda frente a los ciberataques

La importancia que la Unión Europea concede a la amenaza cibernética para la seguridad estratégica del continente es tal que va a responsabilizar directamente a los consejos de administración de las empresas pertenecientes a sectores estratégicos del despliegue de las medidas recomendadas en esta materia. El nuevo marco normativo recién aprobado por las autoridades comunitarias contempla importantes sanciones e incluso la posibilidad de inhabilitar temporalmente para ejercer sus cargos a los consejeros de las compañías que no se ajusten a estas directrices. Una obligación que aumenta las exigencias impuestas a nivel normativo por la UE a los consejos de administración en los últimos años. Pero es que la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación de primer orden para los países europeos a raíz de la invasión rusa a Ucrania. El uso por parte de Moscú de los ataques a través de Internet como parte de su estrategia militar y también como respuesta a las sanciones impuestas por Occidente ha disparado la inquietud de las empresas. De ahí la necesidad de aumentar la protección tecnológica de las industrias e infraestructuras estratégicas. Un escudo digital que las autoridades comunitarias han ampliado a sectores como el alimentario, la gestión del agua potable y residual, los servicios de mensajería o las infraestructuras digitales, además de los ya protegidos de antemano como el energético, los transportes, el financiero y el sanitario, dada el fuerte incremento de las amenazas digitales. Lo hará a través de un reglamento de aplicación directa sobre las entidades financieras, las aseguradoras, los servicios de pago, los fondos de inversión y los proveedores de servicios de criptoactivos, entre otros; mientras que la Directiva NIS 2 obligará a las empresas grandes y medianas a reforzar sus medidas de blindaje digital, para lo que dispondrán de un plazo máximo de 21 meses. Consciente del esfuerzo inversor que deberán realizar las compañías afectadas, la Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de ayudas por valor de 176 millones de euros para financiar los gastos en ciberseguridad, aunque dada la dimensión del reto tecnológico al que se enfrentan se antoja un impulso modesto. La protección tecnológica forma parte de la estrategia comunitaria para impulsar su soberanía estratégica de la UE, un anhelo en el que la colaboración público-privada debería tener mayor protagonismo para garantizar su éxito.

Bruselas amplía el catálogo de sectores a proteger ante la reciente alza de las amenazas digitales