Injustificado embate a la distribución comercial

El plan que negocian los partidos del Gobierno para limitar los precios de los alimentos genera inquietud en la distribución comercial. Las declaraciones de la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, reclamando al PSOE gravar los beneficios de estas empresas por supuestamente haber disparado sus ganancias con el alza del coste de los productos básicos recuerdan en exceso a otras realizadas en meses precedentes y que dieron como resultado los impuestos extraordinarios sobre los ingresos de la banca y las energéticas. Tampoco resulta novedosa la justificación dada para esta medida: “Dónde no actúa el Gobierno, tenemos enormes problemas”, afirmó Díaz. Un mantra intervencionista que no se sostiene: a pesar del tope impuesto a los alquileres, los precios se han disparado por el desplome de la oferta provocado por la inseguridad jurídica que introdujo esta norma. Igualmente, la moderación del coste de la energía en los últimos meses responde más a su evolución en los mercados internacionales que a la “excepción ibérica” (el tope al precio del gas para producir electricidad), que está teniendo un efecto menor al anunciado y cuyo coste recae sobre las facturas de los consumidores. Las insinuaciones de Díaz contradicen la tesis sostenida por el ministro de Agricultura, Luis Planas, buen conocedor del funcionamiento de la cadena alimentaria, quien descarta un problema de márgenes excesivos de la distribución y achaca los altos precios al fuerte aumento de los costes. Gravar los beneficios del sector comerciales sólo beneficiaría al Ejecutivo, que lograría más recursos para disparar el gasto electoralista.