Energía, banca, transporte, sanidad, alimentación, seguros, infraestructuras digitales y agua, en el punto de mira
El catálogo de sectores y empresas afectadas por el nuevo marco normativo es muy amplio. ¿Cuáles son esos sectores considerados críticos? Para empezar y como es lógico, el energético, incluidas las eléctricas y los gestores de la red de distribución y transporte; los sistemas urbanos de calefacción o refrigeración; los productores de petróleo; los operadores de oleoductos o las instalaciones de refinado; las empresas gasistas (suministro, transporte, almacenamiento...). También realizan una actividad esencial las compañías aéreas, los gestores aeroportuarios y los controladores; el transporte ferroviario; el marítimo y fluvial (compañías de transporte, gestores de los puertos...); las infraestructuras de los mercados financieros, o el sector sanitario (hospitales, laboratorios, entidades que hacen I+D de medicamentos, fabricantes de productos farmacéuticos y sanitarios). A ellos se suman otros sectores igualmente críticos, como los gestores de agua potable (suministro y distribución) y de aguas residuales; y, por supuesto, las infraestructuras digitales: proveedores de puntos de intercambio de Internet, de servicios DNS o de computación en la nube, así como centros de datos. La lista es más larga e incluye la producción y distribución de alimentos, así como la fabricación y mezcla de sustancias químicas, o los servicios postales y de mensajería. En el ámbito financiero, el nuevo reglamento afecta a los bancos; a las firmas de inversión; a las aseguradoras; a las entidades de dinero electrónico; a proveedores de servicios de criptoactivos autorizados por la UE; a depositarios centrales de valores, o a las entidades de contrapartida. Sin olvidar los centros de negociación de valores (bolsas); los gestores de fondos alternativos; las empresas suministradoras de datos; los fondos de pensiones, o las agencias de ráting, entre un largo etcétera.