La Justicia respalda a los abogados fiscalistas

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exime a los abogados implicados en planificaciones fiscales agresivas de la obligación de informar sobre las prácticas de sus clientes a las autoridades tributarias competentes supone un espaldarazo a la labor de estos profesionales, que en caso de quedar privados del secreto profesional también habrían quedado anulados profesionalmente. La directiva de la Unión Europea de intermediarios fiscales, que España traspuso hace casi dos años, incluía la “obligación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal” y las “obligaciones entre particulares derivadas de la obligación de información de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”, lo que limitaba el secreto profesional de los asesores tributarios, obligándoles a denunciar las prácticas agresivas de sus clientes. Ahora, la sentencia del alto tribunal europeo libera de esta obligación de información a los abogados fiscalistas, si bien la mantiene para el resto de asesores fiscales y otro tipo de intermediarios. Es decir, exime a quienes prestan “un asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de esa planificación fiscal”. La directiva tiene cierto sentido, debido a que la planificación fiscal agresiva por parte de las empresas para reducir su factura tributaria, especialmente entre aquellas compañías que operan en el terreno internacional, está erosionando las bases imponibles de muchos países desarrollados. De hecho, la OCDE calcula que atajar de raíz la elusión fiscal empresarial ayudaría a recaudar entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año. Y esta cifra es crítica, en un momento en el que el Estado del Bienestar se ve cada vez más sobrecargado por el envejecimiento demográfico; los presupuestos, inflados por las medidas antiinflacionarias; y la carga de intereses, elevada por la subida de tipos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los números globales resultan muy escasos una vez que se reduce la escala a lo que podría ingresar cada país, y que buena parte de los incentivos a esta elusión fiscal los generan los propios Estados, por lo que quizá sería más inteligente reducir la carga tributaria de las empresas para favorecer la inversión y estimular el crecimiento, logrando con ello una mayor recaudación futura, en lugar de tratar de rebañar unos ingresos limitados.

La sentencia del TJUE exime a los abogados del deber de denunciar a sus clientes