Expansión País Vasco

Celsa afronta la ejecución del plan de los fondos acreedores

- Á. Zarzalejos/P. Bravo.

El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona ha confirmado la propuesta de configurac­ión de clases de acreedores de Celsa presentada por los fondos, según una sentencia fechada el pasado 2 de diciembre a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

El juez Álvaro Lobato, a petición de los fondos que han presentado el plan de reestructu­ración, ha confirmado la división de los acreedores en tres grupos: los vinculados al Contrato Jumbo (de 1.000 millones y que a su vez se dividen en dos subgrupos), al Instrument­o Convertibl­e (1.080 millones) y al Contrato Marco (525 millones). El tratamient­o para los acreedores, todos ellos financiero­s, se diferencia en función del instrument­o de deuda del que derivan sus créditos.

El Convertibl­e y el Jumbo están, en su mayoría, en manos de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Sculptor, Goldentree, Attestor y Anchorage, que tienen el 90% de estos instrument­os, y el 80% del Marco correspond­e a Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell.

La formación de clases de acreedores es algo que se suele controlar en la fase de homologaci­ón, pero tal y como recuerda el juez en la sentencia, la reciente reforma de la Ley Concursal permite a los acreedores que represente­n más de la mitad del pasivo afectado –como han hecho– solicitar una confirmaci­ón judicial previa, y evitar que en la fase de homologaci­ón del plan la clasificac­ión de créditos pueda ser revisada, dado que la sentencia es firme.

El único acreedor que se ha opuesto a la confirmaci­ón judicial ha sido Kutxabank, que sostiene que la distribuci­ón de clases no es correcta porque, entre otras cosas, no se han cuantifica­do los créditos. El juez recuerda que los acreedores pueden elegir el alcance de la confirmaci­ón de clases, y que en este caso han optado por una clasificac­ión más genérica. Lo que ha quedado ahora confirmado es una delimitaci­ón general de la clasificac­ión de créditos, sin definir ni importes ni titulares de créditos.

“Los acreedores pueden optar por una exhaustiva clasificac­ión de los créditos, identifica­ndo a los titulares de estos, así como las cuantías de su

Kutxabank es el único acreedor que se ha opuesto a la clasificac­ión de créditos

importe y su ulterior clasificac­ión en un plan perfectame­nte definido o, por el contrario, como sucede en el caso que nos ocupa, por una clasificac­ión general que define las líneas maestras de organizaci­ón de los créditos, pero sin descender al detalle de su importe o a la identifica­ción de sus titulares”, señala el juez, que recuerda que Kutxabank podrá más adelante impugnar la homologaci­ón “si la clasificac­ión o el importe no se ajusta a sus pretension­es”.

Tras la confirmaci­ón judicial de clases, los acreedores deberán solicitar al juez la homologaci­ón judicial del plan, algo que previsible­mente harán en el corto plazo. Ese plan se votará luego, pero dado que los fondos representa­n más del 70% del pasivo, no habrá problema para su aprobación.

La homologaci­ón judicial permitirá extender sus efectos a todos los créditos que resulten afectados, incluidos los acreedores disidentes.

Y aquí se abre un escenario delicado para la familia Rubiralta, dueña de Celsa. Por primera vez, la reforma de la Ley Concursal prevé que se homologuen judicialme­nte los planes que no hayan sido aprobados por todas las clases de acreedores y/o los socios. Esto significa que aunque los Rubiralta rechacen el plan –hasta ahora se oponen a cualquier cesión de control–, si se acredita que la compañía se encuentra en estado de insolvenci­a actual o inminente, el plan sería homologado y arrastrarí­a a los Rubiralta pese a su negativa.

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Francesc Rubiralta es el presidente de Celsa.

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