Cataluña: el arduo pacto que urgen las empresas
El complicado escenario de pactos poselectorales en Cataluña tras los comicios del domingo ha llevado al empresariado de la región a reclamar un consenso entre los grandes partidos para conformar un gobierno estable que disipe la amenaza de una repetición de las elecciones en octubre. Su llamamiento a la responsabilidad colectiva de los líderes políticos autonómicos para salir del bucle separatista que ha lastrado la economía catalana desde hace más de una década choca, sin embargo, con los vetos cruzados que hacen prácticamente imposible un pacto que sume mayoría parlamentaria. El principal elemento distorsionador es la exigencia, reiterada ayer, del fugado líder de Junts, Carles Puigdemont, de volver a ser investido presidente de la Generalitat catalana pese a que la lista con más votos fue la del PSC, encabezada por Salvador Illa. Durante la campaña prometió que abandonaría la política si no lograba los apoyos para recuperar el cargo del que fue depuesto en octubre de 2017 por encabezar el golpe separatista contra el Estado de Derecho. Pero ahora trata de eludir ese compromiso sirviéndose del ejemplo de Pedro Sánchez, que retuvo el Gobierno tras el 23-J sin ganar las elecciones, y reclamando los votos del resto de los grupos separatistas.
Esa suma, sin embargo, condenaría a Cataluña a un gobierno débil, inestable y necesitado de apoyos externos para sacar adelante cada iniciativa. Todo lo contrario de lo que reclaman los empresarios catalanes tras más de siete años de incertidumbre constante por la priorización del proyecto de ruptura con el Estado de Derecho frente a la gestión de los asuntos cotidianos que ha sumido a una comunidad anteriormente próspera en una decadencia evidenciada por las deficiencias de la sanidad autonómica, las infraestructuras, la política hidráulica y el mercado de la vivienda, entre otras. Los representantes del mundo económico urgen un ejecutivo regional capaz de gestionar estas crisis, que alivie la elevada carga fiscal y regulatoria que asfixia a las empresas, y que no reavive debates divisorios que ya deberían estar superados. Es lo que volvieron a votar la mayoría de los catalanes este domingo al otorgar a la suma de los partidos constitucionalistas la mayoría parlamentaria por primera vez desde mediados de los años 1980. Un mandato ciudadano claro que no puede ser incumplido sólo para satisfacer el interés personal de Puigdemont de lograr su rehabilitación a toda costa.
La exigencia de Puigdemont de ser investido aleja la posibilidad de un acuerdo de consenso