Europa financiará las ‘telecos’ a los últimos antes que a los penúltimos
España se puede encontrar en los próximos años con la paradoja de que los habitantes de las regiones más remotas y aisladas del país, no importa en dónde residan, cuenten con unos accesos de banda ancha de calidad, con una velocidad de al menos 100 megabits por segundo y un coste máximo de 35 euros mensuales, en línea con muchas ofertas de bajo coste y, sin embargo, muchas partes del país incluyendo las poblaciones mucho mayores y de hasta 20.000 habitantes –lo que puede suponer hasta un 30% de la población total–, no dispongan de redes de 5G suficientemente potentes. Es decir, que las telecos de calidad van a llegar a los últimos antes que el 5G llegue a los penúltimos.
Y la responsabilidad de que esta anomalía tenga lugar corresponde a la Comisión Europea (CE), y más especialmente el departamento de Competencia, que dirige la comisaria Margrethe Vestager, así como, subsidiariamente, al Ministerio de Economía de Nadia Calviño que no ha sido capaz, aún, de hacer cambiar de opinión a la CE en sus prejuicios sobre las subvenciones públicas.
Porque es el área de Competencia de la Comisión Europea la que debe aprobar los planes de subsidios estatales a las redes públicas. La razón de esta potestad es que la CE debe asegurarse que no se aplican ayudas de Estado prohibidas por la normativa comunitaria.
Sin embargo, esa capacidad para autorizar o vetar las ayudas gubernamentales a los planes de despliegues de redes de telecomunicaciones es la que está permitiendo a la Comisión Europea oponerse graníticamente a que el Gobierno español pueda conceder ayudas al despliegue de redes de 5G activas allí donde la poca rentabilidad de las inversiones no invita a los operadores a hacerlo por su cuenta. Las redes “activas” son los equipos de radio que se instalan en las torres, que se consideran redes “pasivas”. Y mientras que Bruselas había autorizado a desplegar nuevas redes pasivas –más torres– no está dispuesta, por ahora, a permitir que el Gobierno español subsidie las redes de radio. La CE considera que en este sector no hay fallo de mercado y que, antes o después, las telecos acabarán desplegando redes de 5G con la misma cobertura capilar con la que ahora tienen redes de 4G, es decir, del 99% de la población.
Lo que no parecen entender los funcionarios de la Comisión es que el plazo del Plan de Recuperación acaba el 31 de diciembre de 2023 y lo que no esté adjudicado entonces ya no podrá serlo bajo los recursos de los fondos Next Gen. Y que no es lo mismo que las poblaciones pequeñas cuenten con redes 5G de alta calidad en 2025 o 2027 que dispongan de ellas en 2040.
Escarmiento
Y eso que ya podrían haber escarmentado, porque ya tienen la dolorosa experiencia del plan UNICO 5G, que sí ofrecía subvenciones –150 millones– para nuevas torres pero no para las redes de radio. La conclusión es que el pasado agosto el UNICO 5G quedó desierto, porque ninguna teleco quería invertir en las zonas ultra rurales que proponía el Gobierno.
El problema del 5G es que los servicios de calidad y que suponen una ventaja verdaderamente diferencial respecto al 4G requieren no solo que la red tenga el core de última generación (el standalone) sino el despliegue de redes en las bandas medias (en Europa la de 3,5 GHz, que es la que garantiza velocidades de varios cientos de Megabits por segundo). Éstas están muy poco extendidas en España, porque al tener una cobertura limitada su despliegue requiere la construcción de muchos emplazamientos. Y eso es caro. Por eso, por ahora, se están desplegando en las grandes ciudades y llegará posiblemente en los próximos años a poblaciones medianas. Pero para desplegarlas en poblaciones más pequeñas aún, por debajo de los 20.000 habitantes, los expertos consideran que deberán transcurrir varias décadas. De hecho, el pasado verano el grupo sueco Ericsson vaticinó que en 2040 sólo el 52% de la población española tendría cobertura de redes de 5G bajo la banda de 3,5 Ghz.
Sin embargo, Bruselas autorizó en noviembre el programa UNICO Demanda Rural –84,4 millones de euros para el periodo 2023-2027– que va a subvencionar la prestación de servicios de banda ancha por satélite con una velocidad mínima de 100 megabits por segundo y un precio máximo de 35 euros a la población que habite en zonas ultra rurales y muy aisladas. Eso ha permitido al Gobierno lanzar la convocatoria –cuyo plazo de presentación finaliza el próximo lunes, 5 de diciembre– para que se presenten los potenciales prestadores de este servicio.
Aunque la convocatoria no indica qué tecnología ofrecer, todo apunta que el ganador será una compañía de satélites –las quinielas señalan a Hispasat como favorito–, ya que, por definición, puede prestar servicio en cualquier lugar, por remoto que sea, siempre que esté dentro de la cobertura del satélite.
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